“EL OSCURANTISMO DEL GOBIERNO DE COSPEDAL SOBRE LA CUENTAS PUBLICAS DE SU COMUNIDAD”

El Gobierno de Cospedal “oculta” un informe oficial sobre un “riesgo de malversación de fondos públicos”

 ¿Tiene qué ver algo en todo este turbio asunto que el contable de este desaguisado sea hermano de la interventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?

CARLOS ISERTE | 25/octubre/2012

Duplicidad de facturas y doble contabilidad; descontrol de gastos, ingresos y asientos bancarios… y 900.000 euros “en el aire” son, entre otras, las “graves irregularidades” detectadas por los interventores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la gestión del parque arqueológico toledano de Carranque, donde indican que se podría haber cometido “malversación de fondos públicos”. Actuaciones puestas en conocimiento de la Intervención General desde hace seis meses, y a las que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, que duermen en algún cajón del Gobierno de María Dolores Cospedal.

   

 La secretaria general del Partido Popular y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, realiza unas declaraciones en el transcurso de una visita a una empresa de panificación en el municipio lucense de Outeiro de Rei, el 16 de octubre de 2012. EFE 

¿Por qué esta demora de seis meses, cuando el asunto es de extrema gravedad? ¿Por qué no se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, si como dicen los interventores en su informe de marzo de 2012 puede haber un “riesgo de malversación de fondos públicos”? ¿Por qué el consejero “showman” del Gobierno del PP, Leandro Esteban, aficionado a montar grandes y estrambóticas ruedas de prensa para denunciar el “despilfarro” del anterior Ejecutivo socialista, caya ahora y no dice ni mu? ¿Por qué la Sindicatura de Cuentas se limita a recoger parte del informe de los interventores, en vez de denunciar ante el Consejo de Gobierno o el Tribunal de Cuentas las “graves irregularidades” detectadas por éstos? ¿Tiene qué ver algo en todo este turbio asunto que el contable de este desaguisado sea hermano de la interventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha?

¿En qué cajón está el informe?
Informe al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM y que obra en poder de la interventora general, Marta Martín Amigo, desde, al menos, el pasado mes de  marzo; en esa fechas, el viceinterventor, José Vicente Pérez Pintado, recibe el contenido del demoledor documento, por lo que es lógico pensar que lo trasladara a su jefa inmediata superior, esto es, Marta Martín, quien, suponemos, habría hecho lo propio poniéndolo en conocimiento de la Consejería de Educación y Cultura y del Consejo de Gobierno presidido por María Dolores Cospedal, que en julio de 2011 decidió personalmente nombrar a Martín Amigo como máxima responsable de la Intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ¿Quién, entonces, ha decidido “ocultar” durante seis meses este escrito que contiene tan graves denuncias?

El primer Gobierno de Cospedal, con la interventora general, Marta Martín Amigo, señalada en negro.

Duplicidad de facturas y doble contabilidad
No sabemos las razones por las que el informe duerme en el cajón de los justos. Sin embargo, sí sabemos que contiene unas preocupantes conclusiones sobre la gestión económica y financiera llevada a cabo en el Parque Arq ueológico de Carranque (Toledo), donde los interventores de la Junta detectaron duplicidad de facturas y doble contabilidad; descontrol de gastos, ingresos y asientos bancarios, así “como importantes diferencias entre los cobros y pagos contabilizados y los reflejados en la cuenta corriente. Esto supone un riesgo de malversación de fondos públicos”, señalan los fiscalizadores encargados de auditar las cuentas.
El hermano de la interventora
También sabemos que la empresa que llevaba la contabilidad de este parque arqueológico es propiedad del hermano de la interventora general, Marta Martín. Y sabemos, de la misma forma, que José Manuel Martín realizó labores de contable siendo funcionario interino de la Junta de Comunidades. Es decir, por un lado cobraba de la Administración regional y por otro percibía determinadas cantidades del Consorcio del Parque de Carranque por realizar trabajos que el informe de los interventores consideran una chapuza, ya “que no existe registro interno ni de caja ni de cuenta corriente; no se realizan arqueos ni de caja ni domiciliación bancaria, ni se rinde información al consejo respecto a los movimientos y estado de la tesorería”, concretan.
“Martín y Gamero Asociados S.L.”
El caso es que José Manuel Martín, hermano de la interventora general, pudo incurrir en incompatibilidad al ser su empresa “Martín y Gamero Asociados S.L.”, de la que él es administrador único, la que todos los meses facturaba 420 euros al parque de Carranque por realizar este “desaguisado”. Empresa de contabilidad, por cierto, que no tiene muy clara su sede social; mientras que en unos documentos aparece radicada en la Plaza de Solarejo, 8; en otros está situada en Taller del Moro, 7, o en la calle Alemania, 54; todas, eso sí, sitas en la capital toledana.
El enigma de las facturas de 900.000 euros
Entre las “graves irregularidades” detectadas por los interventores, destaca el reconocimiento del Consorcio y TRAGSA, empresa dedicada  a la explotación del parque de Carranque, de una facturación de 394.728,07 euros, pero, sin embargo, los fiscalizadores tienen “constancia de la existencia de facturas emitidas por la empresa por un importe conjunto de 900.000 euros, que no resultan correlativas como el resto y en ocasión se produce una duplicidad de facturas”, sentencian.
Sindicatura de Cuentas
Finalmente, llama la atención que la Sindicatura de Cuentas no hiciera nada ante la negativa del Consorcio del parque de Carranque a remitirle su estado contable, limitándose a publicar el 26 de abril de 2012 (ver extracto) un “resumen light” del “análisis y evaluación de las actuaciones” elaborado por los interventores, entre los que destaca “la vulneración de los principios generales de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, graves irregularidades en las cuentas anuales e incumplimiento en materia de contratación del sector público”, pero evita recoger, curiosamente, la conclusión de los fiscalizadores que advierten del “riesgo de malversación de fondos públicos”. ¿Por qué?

   Fuente: www.elplural.com