IU propone un mecanismo que permita revocar a quien incumpla sus promesas
electorales
A debate el próximo martes. Cayo Lara
también instó a la no criminalización de los movimientos ciudadanos que se
manifiestan contra las consecuencias de la crisis, en referencia al 25-S entre
otros
España |
Tercera Información / EP | 23-11-2012 |
Izquierda
Unida (IU) quiere que el Gobierno ponga en marcha un mecanismo para
controlar el contenido de los programas con los que los partidos se presentan a
las elecciones que incluya la posibilidad de revocar a aquellos políticos que
lo incumplan.
Éste
es uno de los puntos que el grupo parlamentario de la Izquierda Plural
(IU-ICV-CHA) ha incluido en la moción, que se debatirá el próximo martes en el
Pleno del Congreso y que es consecuencia de la interpelación que su portavoz,
José Luis Centella, planteó a finales de octubre a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
De la
misma, la federación de izquierdas emplaza al Ejecutivo a reformar las
condiciones laborales de todos los cargos públicos, de manera que se incluyan
en el Régimen General de la Seguridad Social,
y que fije
los salarios de todos ellos, incluidos diputados, senadores, alcaldes y
concejales, y que realice un control rígido de las incompatibilidades.
PIDEN CREAR UNA SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA
También
plantea, entre otras medidas, modificar la vigente Ley Electoral para hacerla
más justa, reformas legales para hacer efectivos todos los artículos de la
Constitución, regular la convocatoria de referendos vinculantes, mejoras en las
Iniciativas Legislativas Populares (ILP) y la "desvinculación total del
Estado con cualquier confesión religiosa".
Y para
analizar estas propuestas y otras que pudieran presentar otros grupos de la
oposición, el texto de IU propone la puesta en marcha de una subcomisión en el
seno de la Comisión Constitucional del Congreso para que durante un año en la
misma se estudien las reformas legales o medidas que debieran tomarse para
revitalizar el sistema democrático.
Dicho
órgano parlamentario, en el que IU sugiere que puedan participar colectivos
sociales y ciudadanos, debería servir para encontrar fórmulas que profundicen
en la participación directa de la ciudadanía en la vida política y mejoren la
identificación entre representantes y representados y del propio funcionamiento
del Congreso.
NO CRIMINALIZAR EL 25-S
Por
último, el grupo parlamentario que capitanea Cayo Lara aprovecha su iniciativa
para pedir que el hemiciclo reconozca formalmente que el pasado 25 de
septiembre, cuando tuvo lugar la primera protesta de ’Rodea el Congreso’, no se
alteró el funcionamiento normal de la Cámara y para instar a la no
criminalización de los movimientos ciudadanos que se manifiestan contra las
consecuencias de la crisis.
En la
misma sesión plenaria se analizará una proposición de ley de IU-ICV-CHA y BNG
que abre la puerta a celebrar un referéndum consultivo sobre los recortes
acometidos por el Gobierno desde su llegada al poder, una idea defendida
también por los sindicatos en la huelga general del pasado 14 de noviembre. La
toma en consideración de esta propuesta, que supone una reforma de la Ley
Orgánica de 1980 que regula las distintas modalidades de referéndum, se
discutirá dos semanas después de esa jornada de huelga.
En la
proposición se argumenta que las medidas anunciadas por Rajoy el pasado 11 de
julio —entre las que figuraba la retirada de la paga extra a los funcionarios y
la subida del IVA—, son "muy similares" a las que adoptaron
Grecia, Portugal e Irlanda, y que supusieron un "fracaso", y son,
además, "socialmente injustas y de extrema gravedad" para la
ciudadanía.
EL PP NO TIENE LEGITIMIDAD
Pese a
que los ’populares’ aplican "con mano de hierro" estos
recortes, a su juicio el Gobierno carece de legitimidad para ello por cuanto
que esas medidas "no cuentan con el aval democrático de los electores"
al no estar contempladas en el programa con el que el PP concurrió a las
generales hace ahora un año. De hecho, destacan que alguna de las medidas
adoptadas, como el incremento de los tipos en el IVA, "contradice
abiertamente" los compromisos electorales del PP.
De
ahí, apuntan, la necesidad de que los ciudadanos, en tanto que depositarios de
la soberanía, "tomen la palabra y se pronuncien sobre este programa de
recortes". "Es necesaria la convocatoria de un referéndum que dé
voz a la ciudadanía para que se pronuncie sobre unas medidas que están
empeorando muchos de sus derechos", indican.
Para
abrir estos "canales de participación directa de los ciudadanos en la
toma de decisiones", la idea pasa por desarrollar el artículo 92 de la
Constitución, que establece la posibilidad de que las decisiones políticas de
especial trascendencia puedan ser sometidas a referéndum consultivo de todos
los ciudadanos.
En
concreto, abogan por reformar la Ley de Referéndum para introducir la
obligatoriedad del presidente del Gobierno de someter a consulta las cuestiones
que afectan a derechos económicos, sociales y laborales. "Es el momento de
aplicar más democracia, dejando que sean los ciudadanos los que tomen la
palabra y se pronuncien sobre decisiones vitales que van a afectar de manera
decisiva a su futuro —proclaman—. Es el momento de dejar de aplicar el rodillo
de la mayoría absoluta y contar con los habitantes del Estado español, de
incrementar la calidad democrática".
Foto: EP
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