“EN ESTE ENTERRAMIENTO ILEGAL SE CALCULA QUE PUEDEN HALLARSE MÁS DE 60 CUERPOS DE PERSONAS ASESINADAS POR LOS FRANQUISTAS"

"LA RESOLUCIÓN JUDICIAL CONTRIBUYE A MANTENER LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES FRANQUISTAS"

Los familiares de los fusilados de San Lorenzo rechazan la desestimación de su demanda:

Viernes, 28 de diciembre de 2012

Por A. Inglott - Canarias Semanal

  La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo ha manifestado hoy su "profunda decepción" por el auto de la jueza Ana Isabel De Vega Serrano, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas, en el que ésta desestima su demanda para la exhumación de la Fosa Común del Cementerio de Las Palmas de Gran Canaria.

  Los familiares recuerdan que en "este enterramiento ilegal se calcula que pueden hallarse más de 60 cuerpos de personas asesinadas por los franquistas". Y que "ya está confirmado que entre esos restos se encuentran los del Alcalde-Presidente del municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega y los del sindicalista de la Federación Obrera vinculado a ese Ayuntamiento, Francisco González Santana; así como los del periodista lanzaroteño, Manuel Fernández, asesinado a palos por los falangistas en el Campo de Concentración de La Isleta el 20 de febrero de 1937".

    Francisco González Tejera, nieto del sindicalista fusilado y uno de los portavoces de esta Plataforma, se refirió a la decisión de la magistrada De Vega Serrano, asegurando que su resolución judicial "contribuye a que los crímenes del franquismo continúen impunes y que cientos de miles de familias sigamos sin recuperar los huesos de nuestros muertos"

   "Da la impresión - opina González Tejera - de que el Estado teme que se abran las fosas comunes de los asesinados por los fascistas a partir del 18 de julio de 1936". "Las familias de las víctimas  -añade - nos sentimos desamparados jurídicamente, cuando lo que solicitamos es de justicia, ya que solo pedimos recuperar unos restos para darles una adecuada sepultura". 

"EL AUTO DE LA JUEZA INCUMPLE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE DD.HH."

       Para la Plataforma de Familiares el auto elaborado por la jueza Ana Isabel De Vega Serrano "incumple la legislación internacional en materia de derechos humanos, al afirmar textualmente que no se aprecian crímenes de lesa humanidad, ni de detención ilegal de nuestros familiares asesinados, además de quedar extinguida la responsabilidad penal".

   La realidad es - afirman – “que dichos crímenes jamás prescriben según establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de fecha 17 de julio de 1998, que define de manera palmaria los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad".

   Desde la plataforma ciudadana consideran "inaudito que se pueda discutir a estas alturas  que el llamado 'Alzamiento Nacional" realizado contra el gobierno legítimo de la II Républica y  los asesinatos perpetrados contra sus defensores constituyen Delitos de Lesa Humanidad".

  "Así lo contempla - dicen - el  Estatuto de Roma, con la particularidad de que este tipo de delitos son imprescriptibles" 

"UNA ABUNDANTE LEGISLACIÓN INTERNACIONAL CONTRADICE A LA JUEZA DE VEGA SERRANO"

   Los familiares de los fusilados han presentado un Recurso de Apelación ante el Juzgado de Instrucción nº 5, que será remitido a la Audiencia Provincial de Las Palmas para su resolución. En el mismo - explican - "se hace mención a una abundante legislación internacional que contradice el Auto de la jueza Ana Isabel De Vega Serrano".

 "El derecho a obtener reparación, vinculado al derecho a disponer de recursos legales y efectivos, por las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario está reflejado en varios tratados internacionales  ratificados por España y por tanto de obligado cumplimiento". 

 DISPUESTOS A LLEGAR AL TRIBUNAL DE DD.HH. DE ESTRASBURGO

  Finalmente, los demandantes han destacado que, con su reclamación de apertura de la fosa común del Cementerio de Las Palmas, "solo buscan recuperar unos restos que les pertenecen para darles un entierro digno". "No estamos exigiendo dinero ni las propiedades que nos robaron, ni nada del otro mundo, solo unos abandonados huesos de un dolor no amortajado".

 Por esta razón, los miembros de la Plataforma manifiestan que, “en el caso de que la  Audiencia Provincial de Las Palmas siga la misma línea que el Juzgado nº 5, recurrirán al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea y, si es preciso,  al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, para vergüenza de un estado español que se dice demócrata y moderno".

  Fuente: http://canarias-semanal.com/