La "clase política" no existe
Orígenes funciones y privilegios de la casta que administra el aparato del
Estado monárquico español
Martes, 26
de junio de 2012
Por Manuel
Medina - Canarias Semanal
De manera
impropia y casi generalizada los medios de comunicación califican
al conjunto de personas que se dedican a la actividad política en
el Parlamento, el Gobierno, los Ministerios, las
Instituciones autonómicas y municipales con la denominación de
“la clase política”. Sin embargo, tal "clase"
no existe. Se trata de una invención aparentemente inocente
que pretende camuflar la presencia de otras
clases sociales todopoderosas cuyos intereses determinan nuestra vida
cotidiana.
Las clases sociales están definidas por su relación con los medios de
producción. En las sociedades capitalistas actuales existen dos clases
fundamentales, con intereses irreconciliablemente contrapuestos. Por una parte
encontramos a la burguesía, integrada por los propietarios de estos medios, que
- además de poseer una serie de características e intereses comunes- se
apropian de las plusvalías generadas en el proceso productivo. Y por otra, los
asalariados, que forman a su vez otra clase social. Los miembros de
esta última clase constituyen la mayoría de la sociedad y sólo poseen su
fuerza de trabajo, su capacidad para producir, que venden a los dueños de
los medios de producción a cambio de un salario.
Por
supuesto, junto a estas dos clases existen otras capas o clases
sociales intermedias. Es el caso de las denominadas “capas medias”
(pequeños comerciantes, pequeños propietarios rurales, profesionales privados
de la medicina, el derecho, la arquitectura, etc.). El concepto de “clase
social” se refiere, pues, a grupos de personas que se diferencian de otras
por el puesto que ocupan en un sistema de producción social determinado.
¿EXISTE LA
"CLASE POLÍTICA"?
Quienes - según la denominación impuesta por los grandes medios de
comunicación y reproducida acríticamente incluso en los ámbitos "de
izquierda" - constituirían la “clase política”, son en realidad
individuos dedicados a una actividad circunstancial y limitada en el tiempo,
que no tiene ninguna relación directa con el proceso productivo. Los políticos
instalados en las instituciones ni compran ni venden “fuerza de trabajo”.
La definición mediática de “clase política”, por tanto, es errónea,
intencionadamente confusa y encubridora. Al ser los políticos ejercientes
quienes más frecuentemente aparecen en los medios de comunicación se les
presenta como los únicos responsables de los atropellos que genera la
naturaleza contradictoria del sistema capitalista.
No son, sin embargo, aquellos a los que erróneamente se incluye en una
inexistente “clase política” los perceptores de los miles de millones que
genera el sistema económico de explotación de la burguesía. Los políticos
institucionales son solamente testaferros al servicio de las elites dominantes
- banqueros, grandes empresarios, multinacionales, etc- de los que
reciben suculentas compensaciones en pago por los servicios prestados.
Ello no excluye, desde luego, que un sector de los mismos pueda
terminar integrándose en el staff de la burguesía financiera o industrial, tal
y como ha sucedido con algunos políticos españoles como José Maria Aznar,
Felipe Gonzalez, Carlos Solchaga o Rodrigo Rato, entre otros
muchos.
LOS POLÍTICOS COMO
CASTA
No resulta sencillo atribuir una categorización a las casi 80.000
personas que se dedican a la actividad política institucional en el
organigrama del aparato del Estado monárquico español. Pero si entendemos el
término “casta” según la definición del diccionario, es decir,
como “el conjunto de individuos especializados por su función en la
organización social y que disfrutan de determinados privilegios”,
posiblemente ésta resultaría la acepción más afortunada para
calificarlos.
Los políticos no son, por tanto, una “clase” social
propiamente dicha. Sí representan, en cambio, los intereses de determinadas
clases sociales en las instituciones del Estado. Esta no es una afirmación
gratuita. Cualquier ciudadano medianamente atento a la actualidad económica
puede descubrirlo por sí mismo. Cuando las mayorías parlamentarias del
PSOE y del PP dan su aprobación para que el Ejecutivo ponga en manos de
las grandes corporaciones privadas la empresa estatal AENA, ¿los
intereses de quiénes están defendiendo? Cuando PP y PSOE, junto a
otras minorías parlamentarias, coinciden en la decisión de detraer de los
fondos públicos centenares de miles de millones de euros, patrimonio de toda la
sociedad, para ponerlos a disposición de la Banca privada, ¿están
defendiendo los intereses de la mayoría de los ciudadanos?
Cuando los políticos
socialdemócratas o ultraconservadores imponen reformas laborales que
arramblan con las conquistas sociales arrancadas por los asalariados en el
curso de decenios, ¿están defendiendo los intereses de las clases trabajadoras?
Por lo
general, en la geografía institucional del aparato estatal español aquellos que
integran lo que aquí estamos denominando como “casta” representan los
intereses de las clases hegemónicas de la sociedad española: es decir, de los
grandes grupos financieros, de los propietarios y accionistas mayoritarios de
la gran Banca, de los dueños de los consorcios industriales, de las
multinacionales, etc.
ORÍGENES DE LA
MODERNA CASTA POLÍTICA ESPAÑOLA
Las peculiaridades de la “casta” que controla el conjunto de las
instituciones españolas encuentran su entronque histórico en el precedente
Estado franquista. A la muerte del dictador, en el Estado español no se produjo
una ruptura política que sustituyera a la vieja máquina del Estado autoritario
por otra de carácter más democrático. Por el contrario, con la denominada “Transición”
a la democracia se estableció un nexo de continuidad entre quienes hasta
entonces habían administrado el aparato autocrático de Franco y quienes
a partir de entonces aspiraron a gestionarlo. Teniendo en cuenta las
fórmulas que se utilizaron para poner en marcha esta peculiar “Transición” entre
uno y otro régimen político difícilmente las cosas habrían podido ser
distintas. Romper radicalmente con la institucionalidad anterior hubiera
supuesto quebrar la propia legitimidad del Monarca, designado
heredero por el mismo artífice del desgastado aparato institucional
autocrático.
LA CONSTITUCIÓN DE LA CASTA EN EL
ESTADO MONÁRQUICO ESPAÑOL
La dinámica del proceso político de los últimos treinta y cinco años ha ido
forjando una aparente polarización entre los dos partidos políticos
mayoritarios existentes en el Estado Español, el PSOE y el Partido
Popular, fundada en premisas falsas. Teóricamente, el primero representaría
a “la izquierda”, a los sectores populares, a los asalariados; mientras
que el segundo aparece ante la sociedad como el genuino valedor del libre
mercado, de las capas medias-altas, de la tradición y de las clases poderosas.
Sin embargo, tal imagen es en gran parte un puro espejismo engañoso que
responde a un diseño impuesto deliberadamente. Ambas organizaciones políticas -
PP y PSOE - han respondido siempre, con ligeras diferencias de
matices, a la voz de los que realmente gobiernan: las clases que detentan el
poder económico. El régimen político español, que no solo acumula su propia
experiencia sino también la de otros Estados con más larga trayectoria en
la institucionalidad histórica burguesa, ha construido un sistema de
alternancia mediante el cual ambos partidos se reparten
periódicamente la responsabilidad de la Administración del Estado, de los
llamados poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero,
contrariamente a lo que generalmente se piensa, el aparato de la Administración
del Estado no es “El Poder”. El Poder efectivo, aquel que realmente
determina el sistema económico que debe regir al conjunto de la sociedad, emana
de otras áreas, y está detentado con carácter exclusivo por las clases social y
económicamente hegemónicas.
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