El documento ha sido suscrito en una reunión mantenida hoy en el Congreso en la que también han participado el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, y la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez
España |
Tercera Información | 23-03-2013 |
El diputado
y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar
Llamazares, respaldó hoy el documento impulsado por la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) para garantizar
este derecho y que se respete su universalidad, así como que se preste como un
servicio público de calidad. De este respaldo ha sido copartícipe también el
PSOE. A tal fin, esta mañana tuvo lugar una reunión en el Congreso con la
participación de Llamazares, el presidente de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle,
la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez y el portavoz
socialista de Sanidad en la Cámara Baja, José Martínez Olmos.
En
declaraciones a los medios minutos antes de la reunión, el parlamentario de IU
expuso que la política sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy –a la que tachó
de “asalto”- ha sido respondida con una “contestación social sin precedentes”,
por lo que trasladó su confianza en que la elaboración de este manifiesto sirva
de “ayuda” en la cada vez más numerosa respuesta política y social frente a la
privatización de la sanidad.
Llamazares
indicó con claridad que “nos comprometemos a recuperar tanto la abolición de
‘repagos’ del PP como aquellas privatizaciones que conviertan hospitales
públicos en privados”.
Sánchez
Bayle destacó que
el documento presentado es un ejemplo de la posición conjunta de rechazo de la
política sanitaria que se aplica hoy y que va encaminada hacia el
desmantelamiento de la Sanidad Pública, hacia su privatización y que, por el
camino, está ocasionando muchos problemas.
El
manifiesto -denominado ‘Por una Sanidad Pública, Universal y de Calidad’-
se inicia con la advertencia de que el derecho a la asistencia sanitaria ha
dejado de ser un derecho de ciudadanía al vincularse a que la persona ostente
la condición de asegurada o sobre los efectos negativos de los copagos en
numerosas prestaciones sanitarias.
Reprocha
también la exclusión de más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria y
destaca por sus efectos negativos las decisiones adoptadas por los gobiernos
autonómicos de la derecha en Madrid o Cataluña de instaurar el euro por receta,
además del “incesante incremento de la provisión de servicios públicos de salud
mediante sistemas de provisión privada” en comunidades como Valencia,
Castilla-La Mancha o Castilla y León.
Los
firmantes del documento consideran “insostenible” este “desmantelamiento del
sistema público de salud”, para el que se usa la crisis económica como
“excusa”. Plantean una lista de propuestas para defender y mejorar la sanidad
pública.
TEXTO
ÍNTEGRO DEL MANIFIESTO
POR UNA
SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y DE CALIDAD
Tras la
aprobación del Real Decreto Ley 16/2012 el pasado mes de abril, la sanidad
pública española ha dejado de estar configurada como un Sistema Nacional de
Salud ya que el derecho a la asistencia sanitaria ha dejado de ser considerado
como un derecho de ciudadanía al vincularse a que la persona ostente la
condición de asegurada. La primera expresión de ello ha sido la exclusión de
inmigrantes sin papeles de la atención sanitaria ambulatoria. Al mismo tiempo,
un colectivo de ciudadanos españoles, no ostentan el derecho a la sanidad si no
reúnen los requisitos para estar asegurados.
Junto a
ello, dicho Real Decreto Ley ha incorporado una modificación sustancial de la
ordenación de la cartera de servicios para favorecer la paulatina incorporación
de copagos en numerosas prestaciones sanitarias.
El hecho es
que el Gobierno del Partido Popular ha modificado el vigente sistema de acceso
a los medicamentos incrementando las aportaciones de la mayoría de los
pacientes y, en el caso de los pensionistas, obligando a un repago que está
suponiendo una barrera real para que este sector de la población pueda disponer
de los medicamentos que necesitan.
Exclusión de
más de 400 medicamentos de la cobertura sanitaria, copago farmacéutico, copago
en prótesis, copago en dietoterapia o copago en transporte sanitario no urgente
son algunos de los ejemplos de las numerosas medidas regresivas adoptadas por
el Gobierno de Rajoy.
A estas
medidas se unirán otras como la exclusión de la cobertura gratuita del sistema
público de prestaciones preventivas ligadas a pruebas de screening, fecundación
in vitro o pruebas de detección de anomalías genéticas, entre otras muchas.
A esto hay
que añadir las decisiones adoptadas hasta ahora por las Comunidades de Cataluña
y Madrid instaurando la obligación de pagar un euro por cada receta, que
perjudica con más intensidad a quien más necesidades de salud tiene (pacientes
crónicos) y a quien menos recursos económicos tiene que, por las presiones de
la ciudadanía, de las organizaciones profesionales y de partidos políticos y
sindicatos, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir ante el Tribunal
Constitucional.
También hay
que señalar el incesante incremento de la provisión de servicios públicos de
salud mediante sistemas de provisión privada que en Comunidades como Madrid,
Valencia, Castilla la Mancha o Castilla y León, tienen su expresión más
llamativa.
Un mecanismo
para la generación de espacios de negocio lucrativo a costa de las necesidades
de salud de la ciudadanía que el Partido Popular está desarrollando de manera
extraordinariamente impune.
Y en este
contexto, la sistemática aplicación de recortes presupuestarios está
estrangulando aún más la disponibilidad de recursos para la sanidad pública
poniendo en riesgo la calidad asistencial y la salud de la ciudadanía.
Todo este
conjunto de medidas desarrolladas en los primeros doce meses de Gobierno del
Partido Popular, contribuyen a incrementar las desigualdades en salud en
España. Los recortes y exclusiones tienen un saldo en vida y en vidas.
Es, por
tanto, una situación insostenible para el conjunto de la ciudadanía ya que el
desmantelamiento del sistema sanitario público nos lleva a una situación
negativa para la salud, la equidad y la cohesión de la sociedad.
Se usa la
crisis económica como una excusa que pretende justificar el desmantelamiento de
la sanidad pública para favorecer intereses de grupos de presión e interés que
nunca creyeron en el Sistema Nacional de Salud y que encuentran en la crisis el
argumento para generar las condiciones que hagan viable un modelo que permita
hacer negocio con la sanidad pública y un mayor peso de la sanidad privada.
PROPUESTAS
PARA DEFENDER Y MEJORAR LA SANIDAD PÚBLICA
1.- Asegurar
la universalidad y calidad del sistema sanitario, su carácter equitativo, de
provisión pública, financiado por impuestos y con gratuidad en el momento de
uso.
2.- Asegurar
la suficiencia financiera de la sanidad pública mediante fiscalidad equitativa.
3.-
Establecer un sistema de cohesión a través de un Fondo para la igualdad que
desarrolle los planes de salud que aseguren equidad, cohesión e igualdad de
todos los españoles.
4.- Elaborar
una ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y
la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios
sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los
derechos de los usuarios, derogando la Ley 15/97, de habilitación de nuevas
formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
5.-
Potenciar la Atención Primaria de salud recuperando y mejorando la estrategia
AP-21. Especial énfasis en desarrollar una reforma e impulso en profundidad en
salud mental.
6.- Impulsar
el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, apostando por la prevención
de las enfermedades y la promoción de la salud y, en especial, la vacunación
basada en evidencias científicas, la educación sanitaria y los hábitos
alimentarios saludables, los problemas en materia de obesidad, drogas, salud
sexual y reproductiva, entre otras prioridades.
7.- Hacer
posible y real la participación profesional en el proceso de planificación,
gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.
8.- Revisar
los procedimientos de participación de los ciudadanos para incrementar los
espacios de cooperación y participación de los ciudadanos y pacientes en la
orientación del sistema sanitario y seguir avanzando en el diseño, puesta en
marcha y funcionamiento efectivo de los mecanismos de participación de los
agentes sociales y asociaciones de pacientes en los distintos niveles de
gobierno del sistema sanitario.
Las
organizaciones firmantes nos comprometemos a impulsar estas medidas en todos
los ámbitos en los que tenemos capacidad.
Al mismo
tiempo, los Grupos Parlamentarios del PSOE y de la Izquierda Plural,
promoveremos iniciativas parlamentarias enmarcadas en estos objetivos.
Las primeras
irán encaminadas a la universalidad efectiva de la sanidad como derecho de
ciudadanía (reponiendo el derecho también a los inmigrantes en situación
irregular), la eliminación de los copagos instaurados por el Gobierno de Rajoy
o la elaboración de una evaluación de impacto en salud de las medidas adoptadas
con el RDL 16/2012 .
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