Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
En
la discusión actual sobre la supuesta inviabilidad del sistema de pensiones
públicas se está haciendo toda una serie de aseveraciones, reproducidas algunas
de ellas por la llamada Comisión de Expertos sobre las Pensiones, que requieren
una reconsideración a la luz de la evidencia existente. En tal discusión se
asumen erróneamente varias suposiciones, presentándolas como hechos y
realidades, cuando en realidad la evidencia científica existente las cuestiona.
Entre ellas están las siguientes declaraciones:
1.
El hecho de que la esperanza de vida de los españoles haya crecido seis años
en los últimos treinta años quiere decir que las personas ancianas viven seis
años más. Esto no es así. Hay que saber cómo se calcula la esperanza de
vida. Si España, por ejemplo, tuviera solo dos ciudadanos, uno la Sra. García,
que vive hasta que tiene 80 años, y otro, el pequeño Juanito, que muere al poco
de nacer, entonces la esperanza de vida promedio de España sería (80+0)/2=40
años. Suponga el lector que treinta años más tarde España continuara teniendo
solo dos ciudadanos. Uno la Sra. Pérez que, como la Sra. García, muere a los 80
años, y el otro ciudadano, Manuel, que vive hasta los 20 años. La esperanza de
vida de esta España reciente sería de (80+20)/2=50 años, es decir, diez años
más que la España de ayer. Pero esto no quiere decir, como constantemente se
malinterpreta, que la Sra. Pérez viva diez años más. En realidad, continúa
muriendo a los 80 años. Lo que ocurre es que el bebé que moría antes, ahora ya
no muere y vive 20 años más.
Y
esto es lo que ha ocurrido en España, la mortalidad infantil ha estado bajando
mucho (lo cual ha estado ocurriendo también en la mayoría de países de la Unión
Europea) y con ello la esperanza de vida (que es el promedio de años de vida
que el ciudadano medio vivirá) ha subido. Pero el aumento de la esperanza de
vida no repercute automáticamente en el mismo aumento de años de vida de los
ancianos.
2.
Como consecuencia de que las personas vivan más años, existe la necesidad de
que también trabajen más años. Si viven seis años más, deberían trabajar seis
años más. Este supuesto ignora la enorme variabilidad en las tasas de
mortalidad que existe en España entre las personas pertenecientes a distintas
clases sociales. Un catedrático de Universidad, por ejemplo, es probable que
viva siete años más que la mujer de la limpieza de la Universidad en la que él
trabaja. Es una medida profundamente injusta exigir a la segunda persona –la mujer
de la limpieza- que trabaje dos años más (y algunos están incluso hablando de
cinco años más) para pagarle la pensión al primero –al catedrático-. El retraso
indiscriminado de la edad de jubilación es profundamente injusto. Y es, sin
embargo, el criterio que se está utilizando y promoviendo. Hoy, en España, la
persona del decil superior de renta vive diez años más que la persona del decil
inferior. Hacer una propuesta “igual para todos” sin tener en cuenta la enorme
desigualdad de condiciones de vida y muerte debería ser rechazado por inmoral y
antidemocrático.
3.
A mayores años de vida adicionales de la población, mayor es su
capacidad y obligación de trabajar. Esta observación, derivada de la
anterior, continúa ignorando que no solo la esperanza de vida varía mucho según
la clase social, sino también su calidad de vida. La calidad de vida de los
años añadidos a la longevidad de una persona jubilada varía también de una
manera muy evidente y clara según el tipo de trabajo y empleo (y, por lo tanto,
de clase social del individuo) que ha tenido durante su vida laboral. A menor
nivel de renta de la persona, y a menor autonomía, creatividad y condiciones
satisfactorias del trabajo y empleo que la persona haya desarrollado, mayor es
la discapacidad y limitaciones “propias de la edad”, con menor deseo de
continuar su trabajo. De esta realidad se deriva el principio aplicado en
muchos países –pero no en España- de que la jubilación es un derecho más que
una obligación. Para la mujer de la limpieza es una bendición el poder dejar de
trabajar. Pero no así para un catedrático, o para un médico, o para un
profesional que goza en su trabajo. La aplicación del principio de considerar
la jubilación como un derecho (como ocurre ya en muchos países a los dos lados
del Atlántico) implica el derecho a que no haya obligación de jubilarse. Como
profesor de Hopkins yo no tengo el deber de jubilarme. Siempre y cuando el
trabajo esté al nivel que se exige de un profesor de universidad, la
institución no puede jubilarme, como resultado de la ley que prohíbe la
discriminación a los ancianos (una ley, por cierto, que sería muy necesaria en
España, donde la discriminación en contra de los ancianos es muy acentuada).
4.
El mayor problema que determina la necesidad de reformar el sistema de
pensiones es el demográfico. A más gente anciana que vive más años y menos
gente joven, mayor será el problema de la financiación. Esto no es así,
pues se ignoran muchas realidades. En los sistemas de financiación a base de
contribuciones sobre el trabajo (las cotizaciones sociales), el escenario no
consiste en jóvenes versus ancianos, sino en trabajadores versus pensionistas.
E incluso más importante es la cantidad de la aportación, que depende del
salario y de la productividad. De la misma manera que ahora el 2% de la
población que trabaja en agricultura produce más alimentos de los que producía
el 18% que trabaja en el campo hace cuarenta años, un trabajador dentro de
cuarenta años producirá y contribuirá muchas veces lo que produce y contribuye un
trabajador ahora. En realidad, el mayor problema que tiene el sistema de
financiación actual de las pensiones no es el demográfico, sino el laboral, es
decir, el escaso porcentaje de puestos de trabajo, consecuencia, en parte (no
de la siempre supuesta rigidez del mercado laboral) de la escasísima producción
de puestos de trabajo (e incluso más escasa producción de buenos puestos de
trabajo) resultado de un escaso desarrollo de la infraestructura social y
humana del país. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta
trabajando en los servicios del Estado del Bienestar que tiene Suecia, España
tendría cinco millones más de puestos de trabajo. Es esta escasez de puestos de
trabajo el problema de las pensiones contributivas, tema que ni está ni se
espera en la citada Comisión. Es lamentable que la solución que predeciblemente
aparece como más factible sea la reducción de las prestaciones en lugar de
aumentar los recursos para mantenerlas e incluso expandirlas.
Para
profundizar leer Lo que debes saber para que no te roben la pensión
(Espasa, 2013) de Vicenç Navarro y Juan Torres.
Fuente: www.publico.es
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