Un informe de la Fundación 1º de Mayo advierte que los mercados, lejos de
corregir la desigualdad no hacen sino intensificarla
España |
Tercera Información | 14-06-2013 |
La Fundación
1º de Mayo de ha elaborado un informe bajo el título "Desigualdad y Estado
social en España", en el que se afirma que la desigualdad no es una
consecuencia natural de la crisis, sino de las políticas de recortes sociales
que se están poniendo en marcha. El informe, que será presentado con toda probabilidad
la próxima semana, denuncia que España es el segundo país de Europa en términos
de desigualdad, tan solo por detrás de Letonia.
El Estudio
64 de la Fundación 1 Mayo recoge el trabajo de Jesús Cruces, Luis de la Fuente
y Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis, en el que se señala que las
políticas de austeridad están profundizando en la situación de desigualdad que
aqueja a nuestra sociedad, y poniendo en un primer plano el crecimiento de la
desigualdad en nuestro país.
España, que
había acortado la distancia en materia de desigualdad con respecto a la media
de la Unión Europea, con una diferencia de tan solo 0,5 puntos en el índice de
Gini en 2008, ha visto acrecentada esta diferencia hasta situarse en torno a
los 4,5 puntos en 2012. A juicio de Benito, “la expansión de la economía
financiera ha supuesto una gran concentración de poder económico que,
situándose al margen de todo control político y social, tiene una gran
capacidad de decisión sobre la economía real, la acción política y la
configuración social, tanto en el seno de los países como a escala planetaria”.
En su
informe, la Fundación 1º de Mayo apunta a que la creciente desigualdad en el
reparto de la renta entre los beneficios empresariales y la remuneración de los
trabajadores y trabajadoras es el principal factor de la desigualdad
estructural que existe en España. “La retribución de los asalariados -el
conjunto de los salarios- ha caído un 6,2% en relación con el año anterior; es
decir, las personas asalariadas han perdido 7.294 millones de euros que
recibían en 2012”, advierte Rodolfo Benito.
Unas
consecuencias sociales que se expresan en el aumento del paro y el
empobrecimiento de la población pero que, lejos de ser una consecuencia
“natural” de la crisis, están muy vinculadas con las políticas que se están
realizando, y nos remiten a los procesos sociales, económicos y productivos (y
también al sistema de valores en el que se articulan) por los cuales una parte
de la población se ve sistemáticamente empobrecida y dominada frente a otra que
se apropia de los recursos y se beneficia de su situación de poder.
Procesos por
tanto en los que, en todo caso, se inscribe la propia intervención del Estado
que, a través de la política económica y social, puede y debe luchar contra las
desigualdades o, por el contrario, legitimarlas y hacerlas más duraderas en el
tiempo.
Con todo, la
existencia de procesos de desigualdad y pobreza que, de forma estructural, han
caracterizado las condiciones de vida de la población a lo largo de las últimas
décadas en España, incluida la etapa de crecimiento económico, pone de
manifiesto que ésta no es resultado únicamente de la crisis económica ni de las
recientes políticas de recortes, si bien ambos factores suponen un detonador
para su agravamiento sustancial, sino de las propias limitaciones de un Estado
social, que en estos momentos se está debilitando de manera muy intensa,
forjado con grandes carencias en el momento en el que se extendían las bases de
las políticas neoliberales.
Sin embargo,
el mantenimiento de los niveles de pobreza, la pérdida de participación de la
población asalariada en la distribución de la renta o las diferencias
existentes con respecto al nivel de endeudamiento y patrimonio inmobiliario
entre las distintas capas sociales, así como una política de desfiscalización
galopante, son algunos de los indicadores de la desigualdad estructural que han
venido caracterizando a la sociedad española.
Como bien
nos recuerda Vincenç Navarro, desde mediados de la década de los ochenta, en
España se ha avanzado considerablemente en la mejora de las condiciones de vida
de la población, pero ha seguido existiendo un déficit considerable en el
desarrollo del Estado social, lo cual tiene que ver tanto con el impacto
redistributivo de las políticas sociales como por la propia configuración del
modelo de protección social.
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