Abogados y
economistas critican que las conclusiones del texto quiebran los planteamientos
defendidos por el sindicato
Aurora Moya | 10/06/2013
Los
abogados Enrique Lillo, Ángel Martín, Alicia Gómez y Cristina Segura, los
economistas Eduardo Gutiérrez y Daniel Albarracín y la socióloga Lola Morillo
componen la totalidad del gabinete técnico interfederal que en un escrito, al
que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, han mostrado su desacuerdo con el voto
positivo del experto de CCOO. Miguel Ángel García fue designado por el Gobierno
hace unos meses para formar parte del comité que, en el informe final que se
acaba de entregar, propone lo que se considera un duro
ajuste para el sistema español de pensiones. Lo que estos expertos
plantean en sus conclusiones para lograr la sostenibilidad del sistema es, por
una parte, desligar la evolución de las pensiones del IPC vinculándolas a las
cuentas de la Seguridad Social, y, por otra, calcular la cuantía de la pensión
inicial de acuerdo a la esperanza de vida.
UGT,
en contra
Si bien el representante a quien se considera ligado a UGT, el catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga, expresó su voto en contra del informe, el representante de CCOO, Miguel Ángel García ha votado a favor, lo que ha provocado la indignación a sus compañeros del sindicato, quienes señalan en la carta dirigida al secretario general y a la Ejecutiva Confederal de CCOO: “Un voto favorable que resulta aún más paradójico y escandaloso, porque contradice la Circular de la Secretaría Confederal de Seguridad Social, de 13 de marzo de 2013, en la que se insiste en la inconstitucionalidad de la supresión, a golpe de Decreto Ley, de las reglas de revalorización automática de pensiones según IPC, eliminación que el Informe consagra, puesto que su contenido supone la renuncia e inmediata al derecho legal a la revalorización de las pensiones”.
Si bien el representante a quien se considera ligado a UGT, el catedrático de Economía Aplicada Santos Ruesga, expresó su voto en contra del informe, el representante de CCOO, Miguel Ángel García ha votado a favor, lo que ha provocado la indignación a sus compañeros del sindicato, quienes señalan en la carta dirigida al secretario general y a la Ejecutiva Confederal de CCOO: “Un voto favorable que resulta aún más paradójico y escandaloso, porque contradice la Circular de la Secretaría Confederal de Seguridad Social, de 13 de marzo de 2013, en la que se insiste en la inconstitucionalidad de la supresión, a golpe de Decreto Ley, de las reglas de revalorización automática de pensiones según IPC, eliminación que el Informe consagra, puesto que su contenido supone la renuncia e inmediata al derecho legal a la revalorización de las pensiones”.
“Expertos
vinculados a aseguradoras”
El escrito comienza expresando su falta de fe de inicio en el resultado: “Todos sabíamos que era poco probable, dada la composición del grupo de expertos, la introducción de enmiendas que procurasen cambiar sustancialmente la pretensión inicial del informe de recortar las pensiones. No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras y, es por ello, que el contenido del Informe está en la misma línea de recorte de pensiones presentes y futuras que defienden todos los trabajos elaborados en otros grupos promovidos por los mismos intereses (UNESPA‐ patronal de las aseguradoras‐ y MAPFRE)”.
El escrito comienza expresando su falta de fe de inicio en el resultado: “Todos sabíamos que era poco probable, dada la composición del grupo de expertos, la introducción de enmiendas que procurasen cambiar sustancialmente la pretensión inicial del informe de recortar las pensiones. No son expertos independientes, imparciales y objetivos. Son profesionales de parte interesada con vínculos estrechos, conocidos y muy bien retribuidos económicamente, con entidades financieras y compañías aseguradoras y, es por ello, que el contenido del Informe está en la misma línea de recorte de pensiones presentes y futuras que defienden todos los trabajos elaborados en otros grupos promovidos por los mismos intereses (UNESPA‐ patronal de las aseguradoras‐ y MAPFRE)”.
“Línea
directa de García con la Ejecutiva”
De ahí su asombro ante el voto de su compañero: “Así, en la medida en que la orientación central no ha sido modificada, resulta todavía más desconcertante el voto favorable. Ni el lenguaje menos áspero de la versión definitiva del Informe, ni la tenue referencia a la subida de ingresos, ni el otorgamiento al poder político de la última palabra y, menos aún, el sucedáneo de voto particular del técnico de CCOO, aconsejando atrasar la fecha de aplicación de las soluciones propuestas a 2019 ‐ para que nos vayamos acostumbrando (¡!)‐ permite entender que el apoyo de este profesional, con línea directa con la Ejecutiva Confederal y la Secretaría Confederal, a los contenidos del Informe pueda considerarse un tema estrictamente personal e independiente”.
De ahí su asombro ante el voto de su compañero: “Así, en la medida en que la orientación central no ha sido modificada, resulta todavía más desconcertante el voto favorable. Ni el lenguaje menos áspero de la versión definitiva del Informe, ni la tenue referencia a la subida de ingresos, ni el otorgamiento al poder político de la última palabra y, menos aún, el sucedáneo de voto particular del técnico de CCOO, aconsejando atrasar la fecha de aplicación de las soluciones propuestas a 2019 ‐ para que nos vayamos acostumbrando (¡!)‐ permite entender que el apoyo de este profesional, con línea directa con la Ejecutiva Confederal y la Secretaría Confederal, a los contenidos del Informe pueda considerarse un tema estrictamente personal e independiente”.
La
economía debe estar al servicio del interés social
Si bien señalan que son conscientes de la situación de la economía española, matizan que “la respuesta no puede ser adaptar las políticas sociales a la política económica, o santificar, como en el Informe se hace, la reforma constitucional que antepone garantizar el pago de las deudas a sostener niveles dignos y suficientes para las pensiones. La respuesta debe ser justamente la contraria, redefinir la política económica al servicio del interés social, el cambio del modelo productivo y la creación de empleo de calidad. Operar, por tanto, por el lado de los ingresos y no sólo de los gastos del sistema”.
Si bien señalan que son conscientes de la situación de la economía española, matizan que “la respuesta no puede ser adaptar las políticas sociales a la política económica, o santificar, como en el Informe se hace, la reforma constitucional que antepone garantizar el pago de las deudas a sostener niveles dignos y suficientes para las pensiones. La respuesta debe ser justamente la contraria, redefinir la política económica al servicio del interés social, el cambio del modelo productivo y la creación de empleo de calidad. Operar, por tanto, por el lado de los ingresos y no sólo de los gastos del sistema”.
“Aplicar
criterios de equidad”
“De existir realmente un problema de financiación inminente de la Seguridad Social, la solución propugnada por nuestra organización debe ser la adopción inmediata y prioritaria de medidas que introduzcan criterios de equidad y justicia distributiva en la aportación de las cuotas que sostienen el sistema público de Seguridad Social, incluidas las pensiones” –continúan-. (…)Recordemos que no hay, en la actualidad, ninguna disposición legal que obligue al sistema de Seguridad Social, de eliminarse la base máxima de cotizaciones, a modificar la cuantía actual de pensión máxima. De no ser esto suficiente, complementariamente debería acudirse siempre a aportaciones del Estado vía impositiva, a cargo de todas las fuentes de rentas y no sólo las del trabajo, que son las que cotizan a la Seguridad Social”.
“De existir realmente un problema de financiación inminente de la Seguridad Social, la solución propugnada por nuestra organización debe ser la adopción inmediata y prioritaria de medidas que introduzcan criterios de equidad y justicia distributiva en la aportación de las cuotas que sostienen el sistema público de Seguridad Social, incluidas las pensiones” –continúan-. (…)Recordemos que no hay, en la actualidad, ninguna disposición legal que obligue al sistema de Seguridad Social, de eliminarse la base máxima de cotizaciones, a modificar la cuantía actual de pensión máxima. De no ser esto suficiente, complementariamente debería acudirse siempre a aportaciones del Estado vía impositiva, a cargo de todas las fuentes de rentas y no sólo las del trabajo, que son las que cotizan a la Seguridad Social”.
“Aumentar
el negocio de las entidades financieras”
Sin embargo, las diferentes alternativas que propugna el Informe de los expertos priorizan y resaltan el recorte de las prestaciones públicas y, consecuente e implícitamente, la necesidad de complementar con ahorro privado aquellas, aumentando así el negocio de aseguradoras y entidades financieras de las que proceden la mayoría de los miembros que han elaborado el Informe.
Sin embargo, las diferentes alternativas que propugna el Informe de los expertos priorizan y resaltan el recorte de las prestaciones públicas y, consecuente e implícitamente, la necesidad de complementar con ahorro privado aquellas, aumentando así el negocio de aseguradoras y entidades financieras de las que proceden la mayoría de los miembros que han elaborado el Informe.
“Reforma
constitucional ilegítima”
“Y si lo anterior no hubiera sido suficiente para mostrar el más profundo rechazo por parte de nuestra organización al Informe, hemos de resaltar que si el contenido del mismo se tradujera en ley, implicaría la santificación oficial de la reforma constitucional ilegítimamente aprobada (sin referéndum popular como lo fue la Constitución Española) que prioriza el pago de las deudas públicas, frente al mantenimiento de las prestaciones sociales, profundizando, aún más, en los efectos de la reforma laboral”.
“Y si lo anterior no hubiera sido suficiente para mostrar el más profundo rechazo por parte de nuestra organización al Informe, hemos de resaltar que si el contenido del mismo se tradujera en ley, implicaría la santificación oficial de la reforma constitucional ilegítimamente aprobada (sin referéndum popular como lo fue la Constitución Española) que prioriza el pago de las deudas públicas, frente al mantenimiento de las prestaciones sociales, profundizando, aún más, en los efectos de la reforma laboral”.
En
nombre de CCOO
Añaden los firmantes que “ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO. (…) Alegar que se trata tan sólo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes”.
Añaden los firmantes que “ni la autonomía e independencia con la que este compañero declara haber trabajado, ni su desconocimiento de la realidad laboral inmediata y de los efectos de la crisis dado que no participa en las impugnaciones y análisis de los argumentos empresariales en sus despidos y rebajas salariales, han sido suficientes para inmunizar el hecho de que su voto se emitiera en nombre de CCOO. (…) Alegar que se trata tan sólo de un informe, que no nos vincula como interlocutor social, no solo agrava la irresponsabilidad sino que legitima a aquellos que, a título personal e independiente, disponen frívolamente del nombre de una organización y dilapidan la credibilidad que día a día se troquela en los centros de trabajo gracias al trabajo y sacrificios de centenares de afiliados, delegados y simpatizantes”.
El
comité de los 12
El catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz ha presidido el comité de 12 expertos autores de este informe previo a la siguiente reforma de las pensiones. En abril, el Gobierno aceptó los nombres propuestos por el PSOE: el catedrático de Seguridad Social, José Luis Tortuero, y al catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga, asesor habitual de UGT. Por parte de CCOO se designó al economista Miguel Ángel García. Con ellos, Miguel Ángel Vázquez, director del departamento de Análisis y Estudios de UNESPA, la patronal de las aseguradoras; el profesor de Economía de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios Aplicados, Fedea. Además, Rafael Doménech, economista jefe para Europa del servicio de Estudios del BBVA; José Enrique Devesa Carpio, profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia; Mercedes Ayuso, profesora de Econometría y Estadística en la Universidad de Barcelona; Francisco Castellano y Manuel Lagares ambos catedráticos de Hacienda Pública, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, José María Marín Vigueras.
El catedrático de Sociología Víctor Pérez Díaz ha presidido el comité de 12 expertos autores de este informe previo a la siguiente reforma de las pensiones. En abril, el Gobierno aceptó los nombres propuestos por el PSOE: el catedrático de Seguridad Social, José Luis Tortuero, y al catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga, asesor habitual de UGT. Por parte de CCOO se designó al economista Miguel Ángel García. Con ellos, Miguel Ángel Vázquez, director del departamento de Análisis y Estudios de UNESPA, la patronal de las aseguradoras; el profesor de Economía de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios Aplicados, Fedea. Además, Rafael Doménech, economista jefe para Europa del servicio de Estudios del BBVA; José Enrique Devesa Carpio, profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia; Mercedes Ayuso, profesora de Econometría y Estadística en la Universidad de Barcelona; Francisco Castellano y Manuel Lagares ambos catedráticos de Hacienda Pública, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, José María Marín Vigueras.
Fuente: www.elplural.com
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