De
el
comunista el junio 2, 2013
El Gobierno pagará a las agencias privadas de colocación
de 300 a 3.000 euros por cada parado a las que éstas encuentren trabajo. El
acuerdo marco que establece las bases del nuevo modelo de colaboración de las
agencias con los Servicios Públicos de Empleo, tanto el estatal como los
autonómicos, debería estar listo antes del verano.
Por otra parte, los sindicatos han denunciado como una
nueva “criminalización” de los desempleados el cambio de prioridades en la
oferta de puestos de trabajo a los parados que el Gobierno madrileño está
probando en cuatro de sus oficinas de empleo. Según ha informado la Cadena Ser,
los empleados de esas cuatro oficinas han recibido por escrito la orden de dar
prioridad a quienes estén cobrando la prestación sobre los de larga duración.
El objetivo parece ser reducir el gasto en prestaciones,
pese a que no es la Comunidad de Madrid sino el Ministerio de Empleo la entidad
responsable de su pago. Las nuevas directrices obligan a los funcionarios a
ofrecer los empleos antes a los parados con estudios de Bachillerato y de entre
20 y 45 años, precisamente los más fácilmente recolocables.
Además, el Gobierno regional ha fijado un objetivo de
sanciones del 8% a cada oficina de empleo para los parados que no acudan a las
citaciones telefónicas masivas a que se les está sometiendo. La sanción se
traduce en una pérdida de la prestación durante un mes. La emisora de radio
asegura que, con esta práctica de control, el número de sanciones se ha
multiplicado por cinco.
La consejera madrileña de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha
enmarcado el cambio de prioridades en la oferta de trabajo a los parados en un
“proceso de modernización” de las oficinas de empleo de la Comunidad. Dice que
se está probando en cuatro proyectos piloto para conseguir una mayor
“empleabilidad” de los parados, “tanto de los que están cobrando el subsidio
como los que no”, y que, si funciona, se extenderá al resto de la red.
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