Amnistía
Internacional analiza en un informe cómo las acciones de las distintas
instituciones españolas se encaminan a evitar la investigación de los crímenes
de la Guerra Civil y el franquismo y a garantizar su impunidad
ALEJANDRO
TORRÚS Madrid 17/06/2013 15:20 Actualizado: 17/06/2013 16:07
Dos ancianos buscan los
nombres de sus difuntos en la Fosa Común del cementerio de San Salvador de
Oviedo. ALBERTO MORANTE/ EFE
La
impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo
está garantizada en España. Las instituciones españolas ni investigan ni
cooperan con las investigaciones llevadas a cabo por otros países y los
tres poderes del Estado están actuando de forma que garantiza la impunidad de
estos crímenes. Estas son las principales conclusiones del informe 'El
tiempo pasa, la impunidad permanece' (ver Pdf) que ha presentado
este lunes Amnistía Internacional (AI). "La impunidad ha dejado a las
víctimas de crímenes de Derecho Internacional en una situación de completa
indefensión", ha explicado Esteban Beltrán, director AI en España.
El
informe, ejecutado por Ignacio Jovtis, enumera y analiza las actuación de los
tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en relación a la
investigación de los crímenes del franquismo. El peor parado: el poder
judicial. "Todas las denuncias presentadas por víctimas de la dictadura y
la Guerra Civil en España a las que Amnistía Internacional ha tenido acceso han
sido archivadas. De las 47 investigaciones abiertas desde 2008, 38 han sido
archivadas y de las otras 9 no hemos recibido la información solicitada a las
instituciones públicas", explica Jovtis, responsable de políticas e
investigaciones de la organización.
Concretamente,
el informe habla de cinco 'favores' que las instituciones españolas han
realizado recientemente, por activa o por pasiva, para evitar que los crímenes
del franquismo sean investigados. "En España hemos pasado de una
situación de olvido en 2005 a situación de obstaculización en la
actualidad. Es decir, hemos empeorado sustancialmente", ha asegurado
Esteban Beltrán.
1. No colaboración e
intromisión del Gobierno
La
ONG denuncia que Exteriores está obstaculizando la investigación argentina
El
Gobierno del Partido Popular no colabora con la investigación llevada a cabo por la Justicia argentina
en relación a la causa abierta por los delitos de crímenes de lesa humanidad
y/o genocidio cometidos por la dictadura franquista. En este sentido, Ignacio
Jovtis ha denunciado la actuación del ministerio de Asuntos Exteriores para
evitar que víctimas de la represión franquista declararan mediante videoconferencia ante la
Justicia argentina.
El
ocho de mayo, día en el que estaba prevista la declaración, un alto cargo del
Ministerio se puso en contacto con el embajador de Argentina en España para que
suspendiera las videoconferencias. La presión surtió el efecto deseado y el
embajador telefoneó a la juez María Servini para que cancelara las
declaraciones minutos antes de su inicio. "El Gobierno no sólo no colabora
sino que obstaculiza las investigaciones que llevan a cabo
otros países como en este caso Argentina", denuncia Jovtis.
2. Una Justicia que no
investiga
Después
de que en 2008 la Audiencia Nacional declinara sus competencias en favor de los
distintos juzgados territoriales para investigar los crímenes del franquismo 38
de las 47 demandas han sido archivadas. De las nueve restantes, AI no ha
recibido información por parte de las instituciones españolas. "Esta es
una tendencia que ya identificamos en 2012 pero que se ha profundizado
con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre Baltasar Garzón que cierra la puerta a la
investigación de crímenes contra el Derecho Internacional en España",
asegura Jovtis.
38
de las 47 demandas presentadas por las víctimas han sido archivadas
En
este sentido, el investigador de AI contrarresta los cuatro argumentos
fundamentales utilizados por el Tribunal Supremo para concluir en su sentencia
de febrero de 2012 que los jueces españoles no deben investigar los crímenes de la Guerra Civil y el
franquismo. "Creemos que todos ellos son contrarios al Derecho
Internacional", asegura Jovtis.
Así,
AI considera, en primer lugar, que los crímenes cometidos contra el derecho
internacional sí estaban vigentes cuando fueron cometidos en España durante la
Guerra Civil y la dictadura; que los crímenes nunca prescriben ya que se
trata de crímenes de derecho internacional; que a pesar de haber fallecido los
responsables de los mismos los Estados tienen la obligación absoluta de
investigar y de garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de las
víctimas por muchos años que transcurran; y, por último, que la Ley de Amnistía
de 1977 no puede servir para garantizar la impunidad de crímenes de derecho
internacional.
3. Una Fiscalía que
facilita afirmaciones falsas
La
Fiscalía ha proporcionado a la Justicia argentina informaciones falsas, según
AI La Justicia argentina ha solicitado en dos ocasiones información a la
Fiscalía General del Estado en relación a la investigación que está llevando a
cabo por los crímenes del franquismo. En opinión de AI, en las dos ocasiones la
Fiscalía ha facilitado a la Justicia argentina informaciones "falsas
y contrarias al derecho internacional".
Estas
informaciones falsas corresponde a las afirmaciones de la Fiscalía que aseguran
que España está investigando los crímenes del franquismo y que España tiene
preferencia para ello y solicita a Argentina que remita los expedientes para
que la Justicia española se haga cargo de la investigación. "AI quiere
dejar claro que en investigaciones de crímenes de lesa humanidad la
jurisdicción es concurrente y no preferente", asegura Jovtis. Es decir,
cualquier sistema judicial que reconoce el principio de Justicia universal
puede hacerse cargo de las investigaciones.
4. No adhesión a la
Convención sobre imprescriptibilidad
AI
insta al Gobierno a dar pronto su autorización a la Convención La pasada
legislatura el Gobierno se comprometió a ratificar la 'Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad'. Sin embargo, en respuesta parlamentaria por escrito al portavoz
parlamentario de Izquierda Unida, José Luis Centella, el actual Ejecutivo
señala que durante "el proceso de análisis" de la Convención "se
suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser
contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal".
Por
tanto, asegura el Gobierno, "el análisis sobre la posible adhesión de
España a este instrumento sigue su curso actualmente". No obstante, desde
AI se insta al Gobierno a dar su autorización con "prontitud" a esta
Convención que ya ha sido ratificado numerosos Estados democráticos.
5. Mantenimiento de la
Ley de Amnistía de 1977
"Una
ley interna no puede servir de base para garantizar la impunidad de los
crímenes" La ONU ha solicitado a España en diversas ocasiones la
derogación de la Ley de Amnistía de 1977. La última vez fue en febrero de 2012
cuando el portavoz de la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Rupert Colville, señaló que España estaba obligada a derogar dicha
ley y a investigar las "graves violaciones contra los derechos humanos
del pasado, incluidas aquellas cometidas durante el régimen de Franco y
perseguir y castigar a los responsables si es que alguno vive aún".
En
este sentido, AI recuerda al Estado español que la aplicación de amnistías a
los crímenes de derecho internacional vulnera tanto el derecho a un recurso
efectivo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la
imposibilidad para un Estado de invocar disposiciones de su derecho interno
como justificación del incumplimiento de un tratado internacional.
"En ningún caso una ley interna puede servir de base para garantizar la
impunidad de crímenes de derecho internacional", sentencia Jovtis.
Fuente:
www.publico.es
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