07/05/2013 - 20:46h
En el Palacio de la Zarzuela deberían guardar el champán; no tienen muchos
motivos para brindar. Aunque parezca lo contrario, la decisión que ayer tomó la
Audiencia Provincial de Palma es una pésima noticia para la infanta, para su
esposo y para toda la familia real. No solo porque estemos ante la demostración
empírica de que no todos somos iguales ante la ley: no se conoce ningún otro
imputado que cuente con la ayuda de la Fiscalía, de la abogacía del Estado y
hasta del ministro de Exteriores. También porque el propio auto de la Audiencia
está plagado de trampas que sin duda van a complicar el futuro judicial de los
duques de Palma. De los dos.
La situación judicial de la infanta es hoy tan anómala como todo lo que
hemos visto hasta hoy. Su imputación no está sobreseída, está solo
"suspendida"; es un purgatorio muy inusual porque lo corriente es que
la Audiencia o bien diese luz verde a la imputación o bien la anulase. Que solo
la suspenda es solo un tiempo muerto, no una derrota del juez Castro. Es
posible –incluso probable– que la infanta pueda volver a ser imputada más
adelante. ¿Por qué delito? El propio auto lo explica, en el fundamento séptimo:
"No se puede descartar en este momento la comisión del delito contra
la Hacienda pública, y tal vez, posiblemente, de un delito de blanqueo de
capitales, y que en tales ilícitos hubiera podido participar la Infanta".
Que la Audiencia Provincial de Palma ponga negro sobre blanco esta
acusación es muy relevante por varios motivos. Para empezar, porque suspende la
prescripción de los delitos –robar a Hacienda caduca solo a los cinco años–.
También por otros dos párrafo del auto donde la Audiencia apunta aún más:
"No parece haber duda que Aizoon recibió ingresos provenientes de
facturas giradas contra instituciones públicas y privadas, pero (...) el
aprovechamiento que pudo haber reportada a la infanta carecería de reproche
penal (...). No existen evidencias de tal conocimiento, cuanto menos
hasta el mes de marzo de 2006. Otro tratamiento y consideración merece los
beneficios que pudo haber tenido la mercantil Aizoon después de esa fecha,
ya que para entonces la Infanta había abandonado Nóos y se supone que por haber
sido alertada desde la Casa Real de las irregularidades existentes en su
gestión, de modo que hay que suponer que a partir de entonces estaba o debería
estar al tanto y al corriente de las mismas".
Dicho de otra manera: la infanta puede hacerse la tonta hasta 2006 y argumentar
que no sabía nada de los negocietes de su marido, a pesar de que se beneficiase
de ellos. Pero a partir de esa fecha ya no cuela, porque en teoría la Casa Real
había avisado de que aquello olía mal. Justo a partir de 2006, un presunto
delito que, si se cometió, fue al año siguiente, en la declaración de 2007.
Casualmente, es a partir de ese ejercicio cuando el delito fiscal no habría
prescrito. El auto lo deja todavía más claro en otro párrafo:
"La Infanta a partir de marzo de 2006 o meses antes a esa fecha, ya
debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su
marido la utilizaban para defraudar".
Defraudar. Bonito verbo para la "ejemplaridad" de la Familia
Real. Por eso es tan importante que el juez Castro consiga al fin esas
declaraciones de la renta de los últimos años de la infanta, unos documentos
que Cristina de Borbón y sus abogados rechazan entregar con la excusa de
preservar "su intimidad".
El auto de la Audiencia también deja muy mal a la Agencia Tributaria, a la
que reprocha no haber aportado todos los datos suficientes como para conocer si
la infanta es honrada o no lo es. Y así llegamos al párrafo clave de ese auto
de suspensión:
"En definitiva, a juicio de la Sala ante las zonas oscuras que nos
suscita el informe de la Agencia Tributaria, hace inviable, en este momento,
emitir una opinión fundada sobre si la Infanta ha podido cometer o no un delito
contra la Hacienda pública entre otras cosas porque este extremo según resulta
del informe está todavía siendo objeto de investigación.
El informe deja abierta la investigación por delito fiscal y sus
posibles responsables.
La conclusión es
clara. El auto lanza un balón a la cabeza del juez Castro, que ya tiene aún más
argumentos para reclamar ante Hacienda las declaraciones de la renta de la
infanta. A Castro solo le falta rematar.
Enlace al auto completo de la
Infanta
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