Jueces para la Democracia, expresa su compromiso con los familiares y asociaciones de familiares de desaparecidos para garantizar sus derechos, y denuncia los incumplimientos del actual gobierno español de las previsiones de la Ley de Memoria Histórica.
nuevatribuna.es | 09
Octubre 2013 - 17:31 h.
Recientemente se han hecho públicas las
Observaciones del grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU,
tras su visita a España.
Entre otras,
el Grupo de Trabajo insta al estado español a incluir en el Código Penal el delito autónomo de Desaparición Forzada; proporcionar un
mayor apoyo institucional y financiero a los familiares y asociaciones de
desaparecidos; y proveer los fondos adecuados para que la Ley de Memoria
Histórica pueda aplicarse eficazmente.
En el ámbito
judicial, insta al Estado a adoptar las medidas legales y judiciales necesarias
para asegurar que las desapariciones forzadas no sean crímenes sujetos a
amnistía; y a los responsables directos de la administración de justicia,
jueces y fiscales, a que se personen en las exhumaciones y luego analicen y
actúen sobre los resultados que las mismas arrojen.
Jueces para la Democracia, como
asociación judicial comprometida con la defensa de los Derechos Humanos
universalmente reconocidos, expresa públicamente su compromiso con los
familiares y asociaciones de familiares de desaparecidos para garantizar sus
derechos, y denuncia los incumplimientos del actual gobierno español de las
previsiones de la Ley de Memoria Histórica. Ello está llevando no sólo a la
impunidad por los delitos cometidos durante la dictadura, sino a que queden
materialmente sepultados en el olvido.
Desde Jueces para la Democracia queremos
recordar que nuestras instituciones estatales siguen haciendo dejación de sus
funciones y permiten que sigan existiendo decenas de miles de personas
enterradas en fosas comunes. Seguimos siendo el segundo país del mundo, tras
Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos
restos no han sido recuperados ni identificados. No podemos compartir de ningún
modo el discurso de que la recuperación de la memoria democrática suponga
reabrir heridas. Resulta inadmisible que un Estado democrático siga negando a
toda la sociedad el derecho a conocer el pasado, la necesidad de establecer un
plan de la administración programado, sistemático y financiado públicamente que
permita con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas
personas que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior
represión franquista.
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