jueves, 30 de enero de 2014

LLAMAZARES PIDE QUE COMPAREZCA EL MINISTRO DE JUSTICIA, EL FISCAL GENERAL Y EL PRESIDENTE DEL CGPJ PARA QUE INFORMEN SOBRE LA PREVISIÓN DE “DAR CARPETAZO DE TAPADILLO” A LA JUSTICIA UNIVERSAL

El diputado de IU y portavoz de Justicia registra también una pregunta parlamentaria y advierte de que el Gobierno de Mariano Rajoy, con la inestimable ayuda del Grupo Popular que le sustenta, pretende con la iniciativa planteada por éste “evitar que la reforma legal pase por el Consejo de Ministros, saltándose así la fase de informes y, si impone el trámite de urgencia, puede tenerla en vigor en un par de meses”
España | Tercera Información | 29-01-2014 |
Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha registrado hoy una completa batería de iniciativas parlamentarias en relación a las intenciones del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy de “dar carpetazo y acabar de un plumazo a través de una nueva ‘reforma expres’, sin importarles las consecuencias” con la denominada ‘justicia universal’ o posibilidad de jurisdicción universal existente hoy para poder investigar delitos de genocidio, torturas, lesa humanidad o contra las leyes de la guerra. Las iniciativas, ya presentadas en el Registro del Congreso, incluyen las peticiones de comparecencia urgentes del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del presidente del Consejo General del Poder Judicial para que den explicaciones en la Cámara Baja.
Además, Llamazares ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno en la que, entre otras cuestiones, pide que desde Moncloa se aclare por escrito si es cierto que “tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero que ha preferido el cauce del Grupo Parlamentario Popular para evitar los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal.
De igual forma, Izquierda Unida se interesa por conocer al detalle si “¿Pretende el Gobierno con esta reforma el archivo de causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio, torturas o crímenes de lesa humanidad como el asesinato del cámara de Telecinco José Couso, los vuelos de la CIA, la muerte de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el genocidio del pueblo saharaui, el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador, el asalto a la Embajada de España en Guatemala, el genocidio nazi en Mauthausen -donde estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300-, la persecución de Falung Gong, el genocidio tibetano, el genocidio de Ruanda, el ataque a la flotilla de la libertad de Gaza, la matanza de refugiados iraníes en Irak o las torturas en la cárcel de Guantánamo?”
Llamazares considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la inestimable ayuda del Grupo Popular que le sustenta, pretende con la iniciativa parlamentaria planteada por éste “evitar que la reforma pase por el Consejo de Ministros, con lo que se salta se salta la fase de los informes y, si impone el trámite de urgencia, puede tenerla en vigor en un par de meses. El grupo que sustentan al Gobierno no suele presentar proposiciones de ley, pues se supone que es a éste a quien corresponde la iniciativa legislativa. De hecho, el PP no había presentado ninguna en esta legislatura. Por eso resulta más sorprendente”.
De ahí que el diputado de IU por Asturias esté convencido de que esta “reforma legal de tapadillo” que busca recortar por vía de urgencia el principio de justicia universal “tendrá el grave efecto colateral de dar carpetazo a cerca de una docena de investigaciones abiertas en la última década por jueces españoles de la Audiencia Nacional”, entre las que figuran los casos ya mencionados con anterioridad.
“Así lo temen –añade el parlamentario- letrados que intervienen en estos procedimientos y organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional, para quienes esta reforma supondría un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos”.
Llamazares recuerda que pese a que España fue pionera en el ejercicio de la jurisdicción universal, “en 2009 el PSOE y el PP pactaron para debilitar la justicia universal con el objeto de evitar roces diplomáticos con Israel por la imputación de los responsables de un bombardeo en Gaza y lo mismo con EE.UU por el asesinato del cámara José Couso en Irak. También entonces lo hicieron por la puerta de atrás, presentando una enmienda a la ley de creación de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso. Ahora el PP, con mayoría absoluta, ni siquiera ha buscado la complicidad del PSOE”.
En la batería de preguntas concretas incluidas en la iniciativa dirigida al Gobierno el responsable parlamentario de Justicia de IU interroga también sobre el “¿Por qué de la urgencia de la propuesta?”, sobre si “¿Será la nueva Marca España la impunidad de genocidas y crímenes contra la humanidad?” y “¿En qué quedan los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos?”
A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA PREGUNTA REGISTRADA
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado que suscribe formula las siguientes preguntas sobre el nuevo intento de dar carpetazo a la Justicia Universal, dirigidas al Gobierno con solicitud de respuesta escrita.
El Gobierno quiere dar carpetazo a la justicia universal. Por ello, ha puesto en marcha una reforma legal exprés y de tapadillo cuyo objetivo inmediato es archivar cuanto antes la causa abierta en la Audiencia Nacional por el genocidio tibetano. Sin embargo, esta iniciativa, que recorta por vía de urgencia y de tapadillo el principio de justicia universal, tendrá un grave efecto colateral: dar carpetazo a una docena de investigaciones abiertas en la última década por jueces españoles de la Audiencia Nacional sobre casos tan diversos como la muerte del cámara de Telecinco José Couso, los vuelos de la CIA, el asesinato de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el genocidio del pueblo saharaui, el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador o las torturas en la cárcel de Guantánamo. Así lo temen letrados que intervienen en estos procedimientos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, para quienes esta reforma supondría un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos.
Para dar la máxima celeridad a esta reforma, que recorta drásticamente el alcance de la llamada jurisdicción universal, se ha recurrido a un procedimiento singular: la presentación de una proposición de ley del Grupo Popular en el Congreso, el 20 de enero de 2014. Inicialmente, el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero ello obligaría a pedir informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal, por lo que el proceso se alargaría meses. Recurriendo al PP, el Gobierno evita que la reforma pase por el Consejo de Ministros, se salta la fase de los informes y, si impone el trámite de urgencia, puede tenerla en vigor en dos meses. El grupo que sustenta al Gobierno no suele presentar proposiciones de ley, pues se supone que es a éste a quien corresponde la iniciativa legislativa. De hecho, el PP no había presentado ninguna en esta legislatura. Por eso resulta más sorprendente.
Pese a que España fue pionera en el ejercicio de la jurisdicción universal, en 2009, el PSOE y el PP pactaron para debilitar la justicia universal para evitar roces diplomáticos con Israel por la imputación de los responsables de un bombardeo en Gaza y con EE.UU por el asesinato del cámara José Couso en Irak. También entonces lo hicieron por la puerta de atrás, presentando una enmienda a la ley de creación de la Oficina Judicial, que tramitaba el Congreso. Ahora el PP, con mayoría absoluta, ni siquiera ha buscado la complicidad del PSOE. La reforma de 2009, aún en vigor, dejaba una puerta abierta a la Audiencia Nacional para investigar crímenes en el extranjero cuando sus presuntos responsables estuviesen en España, hubiera víctimas españolas o existiese “algún vínculo de conexión relevante con España”. Es esa puerta la que se quiere cerrar, eliminando cualquier ambigüedad.
La proposición del Grupo Parlamentario Popular señala que los jueces españoles solo podrán investigar delitos de genocidio y lesa humanidad cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Como los imputados en distintas causas, como la referente al caso Couso o al genocidio del Tíbet son ciudadanos extranjeros y ninguno se encuentra en España, que se sepa, no sería posible investigar. Además, la reforma deja claro que los delitos de la llamada jurisdicción universal solo serán “perseguibles en España previa interposición de querella por el agraviado o por el fiscal”. Se excluye la Acción Popular, prevista en el artículo 125 de la Constitución. Y para evitar que se aplique el principio de que las leyes penales favorables al reo tienen carácter retroactivo, el PP ha incluido en su texto una insólita disposición transitoria en la que se ordena taxativamente: “Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación [...] quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. Es decir, primero se archivan las investigaciones y luego se examina si deben reabrirse, en contra de toda lógica.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué una iniciativa tan importante sin proceso consultivo previo?
2) ¿Por qué de la urgencia de la propuesta?
3) ¿Significa la abolición de la jurisdicción universal en España?
4) ¿Qué causas en marcha serán suprimidas?
5) ¿Será la nueva Marca España la impunidad de genocidas y crímenes contra la humanidad?
6) ¿En qué quedan los compromisos internacionales de España en materia de derechos humanos?
7) ¿Cuál es la posición del Gobierno sobre la legislación vigente en materia de Justicia Universal? ¿Tiene previsto respaldar la propuesta del Partido Popular que pretende dar carpetazo a la Justicia Universal?
8) ¿Es cierto que el Gobierno tenía previsto incluir esta modificación en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prepara el Ministerio de Justicia, pero que ha preferido el cauce del Grupo Parlamentario Popular para evitar los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal?
9) ¿Pretende el Gobierno con esta reforma el archivo de causas abiertas en la Audiencia Nacional por genocidio, torturas o crímenes de lesa humanidad como el asesinato del cámara de Telecinco José Couso, los vuelos de la CIA, la muerte de Carmelo Soria por la dictadura de Pinochet, el genocidio del pueblo saharaui, el asesinato de Ignacio Ellacuría en El Salvador, el asalto a la embajada de España en Guatemala, el genocidio nazi en Mauthausen –donde estuvieron confinados más de 7.000 españoles, de los que murieron más de 4.300-, la persecución de Falung Gong, el genocidio tibetano, el genocidio de Ruanda, el ataque a la flotilla de la libertad de Gaza, la matanza de refugiados iraníes en Irak o las torturas en la cárcel de Guantánamo

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