viernes, 31 de enero de 2014

LOS 16.000 MILLONES QUE NO APARECEN


Los números que usa el independentismo ni siquiera se reflejan en los estudios de CiU
Nuestro artículo ¿Dónde están los 16.000 millones? (EL PAÍS, 20 de enero) ha recibido muchas preguntas y comentarios. Aunque nadie lo ha replicado desde las páginas de este periódico, agradecemos la oportunidad de contestarlos.

Se ha dicho que copiamos un informe de FAES, pero solo utilizamos datos de la Generalitat y del estudio Viabilidad de Cataluña como Estado, de la Fundació CatDem, vinculada a CiU.
Muchas reacciones confirman que la reclamación de independencia está en buena parte basada en el convencimiento de que Cataluña dispondría “de forma inmutable” (Artur Mas dixit ) de 16.000 millones anuales adicionales “contantes y sonantes”. En nuestro artículo explicábamos por qué no es así y consideramos que ninguna de las críticas recibidas invalida nuestra tesis.
No negamos, como se nos acusa, la existencia de un déficit fiscal de Cataluña con el Estado. Es lógico que Cataluña aporte a la Hacienda central más recursos que servicios recibe, porque la renta per capita catalana es superior a la española y nuestro sistema fiscal es progresivo. Lo importante es el método para calcularlo, el significado del resultado y su variación en el tiempo influenciado por el ciclo económico. Por eso decíamos que un solo año no es suficiente para conocer las relaciones fiscales interterritoriales. Utilizamos las cifras de 2009 ya que son las más recientes del estudio de CatDem y cuando se produjeron las declaraciones políticas que reprodujimos.
Regular las telecomunicaciones no solo beneficia a los catalanes porque la CNMT esté en Barcelona
Muchos se han sorprendido de que los 16.409 millones calculados por la Generalitat para 2009 solo incluyan como gasto estatal que beneficia a Cataluña el que se realiza en su territorio (método monetario). Ese método subvalora lo que le costaría a la Generalitat independiente suministrar los mismos bienes públicos que hoy presta la Administración central según la actual estructura competencial del Estado.
En efecto, no tiene sentido argumentar que los catalanes no se benefician de los consulados porque en Cataluña no hay ninguno, o que los ordenadores de la Agencia Tributaria solo sirven a los madrileños porque están en Madrid, o que el VOR de Calamocha que guía los aviones del puente aéreo solo hay que imputarlo a los aragoneses. O repartir el gasto en defensa y en justicia según donde estén las instalaciones militares y los tribunales. Regular las telecomunicaciones no solo beneficia a los catalanes cuando la CNMT está en Barcelona, ni la de los mercados financieros solo favorece a los madrileños porque la CNMV esté en Madrid.
Una Cataluña independiente debería financiar todos los servicios que ahora recibe del Estado, se produzcan o no desde el territorio catalán. ¿O es que no iba a tener su red de embajadas y consulados, su propia defensa y sus propios sistemas de gestión tributaria? ¿Es que alguien se las suministraría gratis?
Lo razonable es que el gasto en los bienes públicos de carácter general se reparta proporcionalmente a la población (método beneficio). Según la Fundació CatDem, por ejemplo, “la estimación que puede reflejar mejor el coste que supondría el servicio de defensa en Cataluña, es la que se deriva del criterio del flujo del beneficio”. Si así se hiciera, el déficit observado de 792 millones de 2009 se convierte en un superávit a favor del Estado de 4.105 millones. Y para 2010 el déficit observado de 5.835 se convertiría en un déficit de 774. Esta subestimación de los costes reales es una de las dos razones fundamentales por las cuales los 16.000 millones no estarían disponibles.
La otra razón es que los 16.000 millones (16.409 en 2009 y 16.543 en 2010) resultan de añadir a los impuestos efectivamente pagados por los catalanes en cada año los impuestos que tendrán que satisfacer en el futuro para pagar “su” parte del déficit público estatal (15.618 en 2009 y 10.708 en 2010). Es lo que se llama “neutralizar” el déficit. Y, ¿cuál es “su” parte? Ya explicamos que la Generalitat la calcula proporcionalmente a los ingresos que aporta Cataluña. Hay otras formas de hacerlo, pero no vamos a entrar en ello ahora.
En nuestro artículo no decíamos, como se nos atribuye, que neutralizar el déficit es un “puro artificio contable creado por los nacionalistas”. Tampoco negábamos el interés de hacerlo, ya que da una idea estructural de la posición fiscal de Cataluña. Lo que decíamos es que el saldo observado y el neutralizado son conceptos de distinta naturaleza. La Generalitat difunde solo la cifra de los 16.409 (método monetario neutralizado) y se presenta en el discurso político dando a entender que ese dinero estaría disponible inmediata y automáticamente con la independencia.
El Estado catalán habría dispuesto en 2009 de solo 792 millones de más
Pero nosotros decíamos y nos reafirmamos en que el déficit fiscal calculado neutralizando el déficit público no es equivalente a recursos adicionales disponibles gracias a la independencia. Porque esos impuestos que se tendrían que pagar en el futuro, por definición, todavía no se han pagado y por ello no estarían disponibles en el presente.
A ese respecto, la Fundació CatDem dice que, en caso de independencia, la neutralización “no corresponde”, ya que “lo que hace la neutralización es imputar el déficit público del Estado como carga impositiva futura: eso aquí no tiene sentido, lo que estamos midiendo es la capacidad de autofinanciación de Cataluña como Estado”.
Resumiendo nuestro razonamiento: si en 2009 Cataluña hubiera sido independiente, la Generalitat se hubiera quedado con los 46.195 millones de impuestos pagados al Estado y habría gastado 45.403 millones en los servicios que el Estado prestaba en Cataluña. El resultado de la independencia sería, pues, disponer de 792 millones “contantes y sonantes” de más.
Los 16.409 millones no aparecen por ninguna parte. Ciertamente no aparecen “en efectivo, encima de la mesa del conseller” como afirma una crítica publicada en Ara, un periódico de ideología independentista. Lamentamos que no se haya publicado en EL PAÍS, lo que hubiera dado más difusión y agilidad al debate. En Ara se fabula diciendo que esos millones los habría sacado el Estado de la Visa de los catalanes, pero que con la independencia “estarían disponibles sobre la mesa del conseller”. Pero si Cataluña fuera independiente, el Estado no podría usar su Visa. Y si es Cataluña la que usa su Visa es el equivalente de endeudarse. Sin hacerlo, lo único que habría sobre la mesa del conseller es el saldo observado de 792 millones. Y además tendría que financiar la producción de los servicios públicos generales que el Estado suministraba desde fuera de Cataluña.
Los autores de esa crítica “encuentran” los 16.000 millones en los recursos futuros que el ejercicio de la neutralización añade a los presentes. Nosotros, como la CatDem, pensamos que este ejercicio “no tiene sentido” cuando se trata de medir la capacidad de autofinanciación de Cataluña como estado.
Así, la Fundació CatDem estima “la ganancia que obtendríamos como Estado independiente en 2009 hubiera sido de 922 millones de euros”, una cifra muy inferior a los 16.000 que gran parte de la opinión pública catalana parece estar convencida de que sería el beneficio inmediato e “inmutable” que produciría la independencia.
Este es un tema importantísimo y el Gobierno español debiera propiciar su debate. Nosotros hemos querido contribuir a ello a través del reducido espacio de estos artículos cuya publicación agradecemos mucho.
Josep Borrell es catedrático Jean Monnet y Joan Llorach es empresario.






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