CeAqua, que aglutina a las asociaciones y
plataformas que apoyan la querella argentina, solicita una entrevista al fiscal
Jefe de la Audiencia Nacional para que aclare sus recientes declaraciones sobre
la supuesta prescripción de los crímenes de la dictadura
ALEJANDRO
TORRÚS Madrid 08/01/2014 07:00 Actualizado: 08/01/2014 10:13
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier
Zaragoza, en una imagen de archivo.- EFE
La Audiencia
Nacional debe decidir en una vista pública, todavía sin fecha, si decide
extraditar a Argentina al ex guardia civil Jesús Muñecas y al ex comisario de
la Brigada Político y Social José Antonio González, alias Billy el Niño,
por los delitos de tortura, tal y como ha reclamado la Justicia del país
sudamericano. En esta vista pública, tal y como prevé la legislación española,
sólo habrá dos voces: la de los imputados y la de la Fiscalía (salvo que decida
personarse el Estado argentino, en cuyo caso serían tres).
Por ello, la
Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella (CEAQUA), que aglutina a más de un
centenar de asociaciones que han mostrado su apoyo a la querella argentina,
solicitó este martes por escrito una entrevista al Fiscal Jefe de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza, con el objetivo de pedirle que sea la voz de quienes
no la tendrán en la vista judicial o lo que es lo mismo: de las víctimas de la
dictadura.
"Para
intercambiar opiniones al respecto, poder expresarle con mayor extensión y
profundidad lo aquí expuesto y pedirle que sea la voz de quienes no la
tendremos en la vista judicial, le reiteramos la solicitud de entrevista con el
carácter urgente que la situación requiere", señalan la CeAqua en la carta
entregada este martes en la Audiencia Nacional y a la que ha tenido acceso Público.
Las víctimas
de la dictadura formulan la solicitud de entrevista en base al artículo 124.1
de la Constitución española que establece que el Ministerio Fiscal "tiene
por misión promover la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos, del interés público tutelado por la ley y la de procurar ante los
tribunales la satisfacción del interés social".
Asimismo,
las víctimas justifican su petición en el artículo 10.2 del texto
constitucional que señala que las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución reconoce, "se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España".
Carácter urgente
Las víctimas
de la dictadura consideran que la necesidad de celebrar una entrevista con el
Fiscal Jefe es aún más urgente que antes debido a las recientes declaraciones de Zaragoza a
Efe en las que señaló que se plantea rechazar la entrega de los reclamados
en España porque la Justicia española "tiene jurisdicción preferente a la
de los tribunales argentinos" al tratarse de hechos delictivos cometidos
por españoles contra españoles en España".
Las víctimas
recelan de que el propósito del Ministerio Público sea rechazar la extradición
Así, Zaragoza señaló que se ha planteado la posibilidad de pedir la
apertura de un procedimiento en España para investigar al exinspector Juan
Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y al ex guardia civil
Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, pero que en este
proceso "habría que valorar también los temas de fondo como el tema de la
prescripción y de la amnistía".
En este
sentido, las víctimas de la dictadura han hecho saber a Zaragoza que la
apertura de un juicio al franquismo en España "colmaría" sus
expectativas, pero también han mostrado sus reservas acerca de las verdaderas
intenciones del Fiscal Jefe. Las víctimas recelan de que el
propósito del Ministerio Público sea rechazar la extradición para abrir un
juicio en España que no juzgue absolutamente nada alegando que los crímenes
denunciados están prescritos en base a la Ley de Aministía.
"Como
comprenderá, que la justicia española se haga cargo del juzgamiento efectivo de
los imputados colmaría nuestras expectativas. Pero también ha manifestado que
dicho enjuiciamiento no podría realizarse dada la prescripción de los delitos y
la vigencia de la Ley de Amnistía. Es decir, que propondría que se los juzgue
en España para que no sean juzgados, si es correcto lo que hemos
interpretado", reza la misiva.
En el caso
de que la Fiscalía defendiera esta postura, las víctimas consideran que el
Ministerio Público estaría negando el carácter de "delitos contra la
humanidad" a los crímenes del franquismo ya que estos son imprescriptibles
y no se puede negar el derecho a la justicia de las víctimas bajo el amparo de
ninguna ley de amnistía o de punto final.
La Justicia española no tiene prioridad
Por último,
las víctimas también contradicen al Fiscal cuando señala que la justicia
española es prioritaria respecto de la argentina para juzgar los crímenes. Para
los querellantes, el Tribunal Constitucional español ya ha dejado establecido
en su conocida sentencia sobre el genocidio en Guatemala que lo propio del
principio de jurisdicción universal es la concurrencia de Estados competentes y
no la prioridad o subordinación de uno respecto del otro.
"Encantados
estaríamos de que la justicia española asuma la tarea tanto tiempo, tan
antijurídicamente y tan cruelmente postergada. Pero tampoco parece ser este el
caso, se reclamaría la prioridad de la jurisdicción española con el sólo
propósito de enervar las extradiciones", prosigue la carta.
Nueva era de verdad
Las víctimas
de la dictadura cierran su carta al Fiscal Jefe Zaragoza con el deseo de que,
"a pesar de las sucesivas frustraciones", esta vez el Ministerio
Público dé "cabal cumplimiento a la misión constitucional que le viene
atribuida" dando comienzo a una "nueva era de verdad, justicia y
reparación para las víctimas de uno de los más graves genocidios cometidos en
el siglo XX".
Así, también
señalan en la misiva que el hecho de que los dos presuntos torturadores deban
declarar ante la Justicia supone ya de por sí "una gran reparación" y
"promueve y consolida la idea civilizatoria de que quienes lesionan a la
humanidad deben ser judicialmente perseguidos en todo tiempo y lugar".
"Estamos convencidos de que estas actuaciones judiciales colaborarán
decisivamente al fin a la impunidad del franquismo, como en su día lo hicieron
las iniciativas judiciales españolas, señaladamente la de jueces y fiscales de
esa Audiencia Nacional, para poner término a la impunidad reinante en Argentina
y otras naciones de América Latina", concluye.
Fuente: www.publico.es
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