"Sin
compromiso de solidaridad con quienes luchan no hay esperanza para la
transformación social"
Por Cristóbal García Vera -
Canarias-semanal.org
Viernes, 25 de julio de
2014
El próximo martes, 29 de julio, se celebrará en el Juzgado
de lo Penal Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio contra las cinco
militantes de Intersindical Canaria que, el 8 de marzo de 2012,
protagonizaban un acto de protesta en la sede de la Confederación Canaria de
Empresarios.
Haciendo coincidir su acción con el Día de la Mujer Trabajadora, las
sindicalistas entraron en las oficinas abiertas al público de la patronal
y desplegaron en una de sus ventanas una pancarta con el lema: "Mujeres
Canarias contra la Reforma Laboral", con el objeto de señalar a los
lobbies promotores y beneficiarios de la contrarreforma impuesta por el Ejecutivo
Rajoy.
Pese al carácter pacífico del acto reivindicativo, algunos empleados de la
Confederación trataron de impedir que éste se llevara a cabo y que fuera
registrado en vídeo, lo cual dio lugar a momentos de tensión y forcejeos que se
resolvieron sin más incidentes reseñables. Finalmente, la policía
desalojó a las sindicalistas, que abandonaron el lugar sin oponer resistencia y
concluyeron la protesta junto a la entrada de la CCE.
La posibilidad de que la difusión mediática del acto inspirase a otros
activistas sociales para desarrollar protestas parecidas, sin embargo, no podía
pasar desapercibida para los dirigentes de la patronal. Con el más que
previsible propósito de cortar de raíz la peligrosa idea subversiva, la Confederación
Canaria de Empresarios decidió emprender acciones legales contra las
militantes de Intersindical y también contra el reportero que grabó lo
sucedido.
INTERSINDICAL
CANARIA: "EL APARATO JUDICIAL ESTÁ AL SERVICIO DE LA PATRONAL"
"En el sindicato tenemos claro que la CEE ha denunciado porque tiene
miedo de que las reivindicaciones se trasladen a sus espacios. En cuanto
a la función del aparato judicial, no tenemos duda de que está al servicio de
la patronal. Basta recordar que en este momento hay cientos
de sindicalistas condenados o pendientes de juicio y que
sólo una organización como el Sindicato Andaluz de
Trabajadores suma más 120 años en peticiones
de cárcel y tremendas multas" -
afirman a este respecto desde Intersindical Canaria.
Tras la denuncia interpuesta por el lobby empresarial, la instrucción
del caso recaería en María Victoria Rosell, miembro destacado de la
Asociación "Jueces para la Democracia", que tomó la decisión
de procesar a las cinco sindicalistas y al autor de estas líneas, por cubrir
periodísticamente el acto reivindicativo filmándolo en vídeo.
El despliegue de la pancarta reivindicativa por el que
piden un año de cárcel para cada una de las sindicalistas.
Posteriormente, el fiscal Miguel Pallarés dictaminaba "el
sobreseimiento provisional de las actuaciones" contra quien
"cumplía un objetivo informativo" en lo que - en palabras del
propio fiscal - es un "centro de trabajo abierto al público".
Paradójicamente, pese a calificar las oficinas de la CCE en estos
términos, el acusador del Estado dictaminó también la apertura de juicio
oral contra las cinco sindicalistas, acusándolas de un delito de "allanamiento
de domicilio de persona jurídica, previsto y penado en los arts. 203.2
del C.P". Por este presunto delito las activistas se enfrentan a la
petición de un año de cárcel.
Aunque una condena por este periodo de tiempo no supone la entrada en prisión
para quienes carecen de antecedentes penales, resulta especialmente delicada la
situación judicial de dos de las procesadas. Las jóvenes Aisha
Rodríguez y Guacimara Vera. La primera de ellas era
recientemente condenada a cuatro meses de
cárcel, tras ser detenida por realizar una pintada contra el
paro juvenil. "Actualmente tiene la pena suspendida, pero esta
suspensión está supeditada a no cometer ningún otro delito, por lo que no
sabemos exactamente qué pasaría si la vuelven a condenar" - explican
fuentes próximas a Rodríguez.
Aún más preocupante se presenta el horizonte para Guacimara Vera, quien
tiene pendiente otro juicio por "atentado contra la autoridad"
por el que se le piden tres años de cárcel. "Este proceso -
recuerdan los compañeros de esta joven, madre de un bebé recién nacido - se
abrió por una concentración que realizamos un grupo de estudiantes ante el
Paraninfo de la Universidad durante la apertura del curso escolar. La
policía cargó contra nosotros y Guacimara fue una de las que probó la
dureza de las porras en su propia carne.
Pero no solo se llevó los golpes, sino también una denuncia porque, según la
versión oficial de los propios agentes, ella habría agredido aquellos hombres
fornidos y equipados con protección antidisturbios. Una vergüenza".
EL
DESVARÍO IDEOLÓGICO Y MORAL DE CIERTA "IZQUIERDA" CANARIA
El caso de las cinco
sindicalistas canarias ha suscitado numerosas
declaraciones de solidaridad dentro y fuera del
Archipielago.
En las
Islas, sin embargo, aunque unas pocas organizaciones se han movilizado
consecuentemente ante llamamientos puntuales de IC, estas expresiones de apoyo
no han llegado a concretarse en una verdadera campaña de denuncia
adecuada a la importancia del proceso. Durante más de dos años, se ha
perdido la oportunidad de trasladar pedagógicamente a la población canaria cuál
es el sentido de un juicio político en el que, más allá de sus
características concretas, se pone de manifiesto la función del aparato estatal
como instrumento de represión de las luchas populares y defensa de los
intereses de las clases dominantes. Esta falta de una respuesta organizada a la
altura del órdago lanzado por la organización patronal se podría interpretar,
muy posiblemente, como un síntoma más de la debilidad de la izquierda canaria
y su incapacidad para incidir significativamente en nuestra
sociedad.
En otro plano muy diferente se sitúan, no obstante, quienes en el ámbito de la
llamada "izquierda alternativa" han dado muestras de estar
aquejados por una peligrosa desorientación ideológica y moral. Este fue el caso
de la ONG Acción en Red y el colectivo Alternativa Antimilitarista
MOC que, a finales del pasado año, organizaban un acto público en Las
Palmas para "hablar sobre la represión" invitando como ponente a la misma juez que había
procesado a las cinco sindicalistas, y despreciando la petición
expresa de las encausadas de que renunciaran a hacerlo. Lejos de asumir las
insuficientes críticas recibidas por su iniciativa, que repetirían más tarde en
la isla de Tenerife, sus promotores llegaron a "ponerse en el lugar"
de la magistrada, asegurando que ésta "no había tenido más opción"
que imputar a las sindicalistas para no prevaricar.
Pese a auto reclamarse como personas de "izquierdas", e
incluso "anticapitalistas", los organizadores de las
conferencias dictadas por la juez María Victoria Rosell no parecen
entender las implicaciones de unos actos que, al atentar contra la auténtica
solidaridad con las enjuiciadas, provocan efectos de desmovilización social
mucho más devastadores que cualquier sentencia judicial.
Tal y como ha demostrado la historia sobradamente, hombres y mujeres con
convicciones son capaces de resistir la prisión, y hasta la tortura,
manteniéndose firmes y fieles a sus principios, cuando sienten el apoyo real
de una colectividad. El convencimiento de que se está solo, de que
nadie "dará la cara por ti", por el contrario, propicia la
imposición del miedo con el que el Poder cuenta para sostener la opresión.
Conduce, rápidamente, al desánimo y la paralización. De ahí la enorme gravedad
de abandonar a las que se arriesgan para pasar a "comprender" el
punto de vista de los que están al otro lado de la trinchera, contribuyendo así
a la victoria política de los patronos de la CEE.
Y es que, sin el compromiso militante para unir la propia suerte a la de
todos los que luchan no existe esperanza para la necesaria transformación
social. De que lleguemos a asumirlo y a actuar en consecuencia dependerá
nuestro futuro. La próxima cita para empezar a hacerlo será este mismo
martes, a las 10 de la mañana, en la concentración de apoyo a las
cinco sindicalistas que se celebrará frente a las puertas de la
"Ciudad de la Justicia". En la Calle Málaga, nº 2.
VÍDEO
RELACIONADO: La acción reivindicativa en la sede de la CCE por la que piden un
año de cárcel para las cinco sindicalistas
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