Paulino Rivero se encomienda al Tribunal
Constitucional
Lunes, 13 de octubre de
2014
Todo parece indicar que el
23 de noviembre no se celebrará la consulta popular sobre las prospecciones que
Repsol está a punto de comenzar en aguas próximas a
Lanzarote y Fuerteventura. Y, finalmente, ésta podría no realizarse tampoco
en ninguna fecha posterior.
Por EUGENIO FERNÁNDEZ /
CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Todo parece indicar que el 23 de noviembre no se celebrará la consulta
popular sobre las prospecciones que Repsol está a punto de comenzar en
aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Y, finalmente,
ésta podría no realizarse tampoco en ninguna fecha posterior. Esto es, al
menos, lo que se desprende de las actuaciones emprendidas por el Gobierno
central en contra de la mencionada consulta y, especialmente, de la respuesta
ofrecida por el Ejecutivo regional por boca de su presidente, Paulino
Rivero.
En un plazo no superior
a los quince días, el Gabinete de Mariano Rajoy interpondrá ante el Tribunal
Constitucional un recurso contra la consulta, cuya admisión a trámite
conllevará la suspensión cautelar automática, por un periodo máximo de cinco meses, del plebiscito aprobado
por el Gobierno autónomo para convocarla. Una resolución que será acatada
sumisamente por el Ejecutivo autonómico.
CRÓNICA DE UNA IMPUGNACIÓN ANUNCIADA
En la rueda de prensa
en que se anunció la fecha del 23 de noviembre para la realización de la
consulta, Rivero destacó que la pregunta elegida para la consulta tenía
la virtud de ajustarse plenamente a la legalidad del Estado español, al "versar sobre temas
canarios".
Tal y como era fácil prever, no
obstante, el carácter intencionadamente ambiguo de la pregunta no ha sido
obstáculo para que el Ejecutivo central proceda de la manera que ya tenía
previamente decidida, con el objeto de impedir que los canarios puedan opinar sobre este tema trascendental para el
futuro del Archipiélago
Y, mientras un número creciente de ciudadanos comienza a comprender
que es iluso suponer que los tribunales españoles les regalarán lo que solo
puede conquistar la lucha popular, el Gobierno regional - en lo que aparenta
ser una estrategia dilatoria - ha admitido que acatará lo que dictamine el Constitucional.
"Espero que no lo suspendan
cautelarmente, pero si así fuera, estamos convencidos de que, como cumplimos
estrictamente con la legalidad y no estamos jugando fuera de los reglamentos
jurídicos, la consulta se llevará a cabo" -manifestó a este respecto Paulino
Rivero en Madrid la pasada semana.
El Ejecutivo autonómico, en efecto,
se muestra dispuesto a esperar hasta el mes de marzo para realizar la consulta, con
la pretendida convicción de que el Alto Tribunal acabará dándole la razón, "como
hizo con la Ley Turística de Canarias".
Esto significa que de llegar a
realizarse, algo siempre supeditado a lo que dictamine el TC, la consulta
podría efectuarse varios meses después del mes previsto por Repsol para
efectuar los rechazados sondeos.
A este respecto, Fernando Ríos,
comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas
Institucionales del Gobierno, manifestó que "cree que la petrolera
se va a demorar más de lo que ha expresado y no realizará las catas antes de
las elecciones autonómicas de mayo de 2015". Una
posibilidad que permitiría al Ejecutivo de CC-PSOE utilizar este
conflicto durante más de medio año como "bandera ecologista" para
tratar de obtener réditos electorales en dichos comicios, posponiendo la
"decepción" por un fallo negativo para después de esa fecha.
EL COMPLICADO RETO DE LA COORDINADORA CANARIA
CONTRA LAS PROSPECCIONES
Instante
de la rueda de prensa en la que Paulino Rivero anunció la fecha del 23
de noviembre para la celebración de la consulta.
Esta evolución de los
acontecimientos ha situado en un brete a las organizaciones sociales integradas
en la Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, que arroparon al
mandatario autonómico en la rueda de prensa en la que éste anunciaba la
consulta que ahora ha quedado en el aire
Aun criticando la pregunta elegida
para la misma, estas organizaciones asumieron que la formulación elegida
resultaba imprescindible para "dificultar la impugnación" del
Gobierno central que, pese a todo, se producirá en los próximos días. Un
argumento, en cualquier caso, contradictorio con su reclamación reiterada de
que la consulta se realice "con o sin el permiso de Madrid".
En esta última línea, uno de los
portavoces de la Coordinadora, René Behoteguy, defendía hace unos días
que "
Para Behoteguy,
la clave para conseguir este objetivo estaría en "desbordar a las
instituciones, apostando por ganar esta batalla donde siempre la hemos situado
que es en la calle".
Ahora, sin embargo, la "vía
legalista" que, según han confirmado, continuará transitando el Ejecutivo
regional, podría obligar a estas organizaciones a demostrar, en la
práctica, cuál es su capacidad real para "desbordar" en la
calle a la institucionalidad, garantizando la realización de la prometida
consulta el próximo 23 de noviembre.
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